El tema de la reunión entre Bernardo Arévalo y Consuelo Porras es fascinante porque no debe ser analizado con exclusividad desde la perspectiva jurídica, lo cual —por supuesto— no significa eludirla. Entre un Presidente de la República y una jefe del Ministerio Público, no puede haber subordinación. Indudable. La ley permite su despido sólo después de haber sido hallada culpable de algún hecho ilegal, y esto en nuestro medio implica años de peticiones, amparos, rechazos, y demás. Al haber una evidente inquina entre ambas personas, no se puede cumplir con el necesario acuerdo para lograr los objetivos de cada uno y con eso beneficiar al país. Eso se puede explicar recurriendo a la Ética y a la Lógica, y también a los derechos laborales de ella.

Porras es trabajadora porque “realiza una labor socialmente útil” * y es “alguien que trabaja”**. Su caso se debe tratar según las leyes del país, no de las internas del MP. Entonces, pedirle la renuncia y cumplir con las prestaciones es legal y además necesario para el buen funcionamiento de un gobierno, especialmente si una de sus tareas políticas fundamentales es la lucha contra la corrupción, a cargo de esa entidad, y si fue una de las promesas de campaña. No hay necesidad de analizar si las razones de la petición son justificadas. Existen. Y son evidentes los motivos, derivados de sus actuaciones en el cargo. *Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. **Diccionario de la Lengua Española, libro oficial del idioma oficial de Guatemala.

Por supuesto, desde otro punto de vista se deben definir los derechos laborales de los funcionarios de alto nivel. Yo no considero lo mismo ser definido como trabajador del Estado a nivel burocrático a ningún funcionario, pero ese es otro tema. La cortesía debe imperar, tanto para aceptar la invitación presidencial como para escuchar el deseo de su salida. Su defensa ha sido débil. El martes, un predicador protestante de EEUU, supuesto experto politólogo, dijo en un video haber hablado por sólo pocos minutos con Porras, suficientes para calificarla de “líder increíble, una de las mejores que he conocido en todo el mundo” porque “tiene el valor y la valentía de hacer lo correcto”. Ojo: esta opinión equivocada o apresurada, está garantizada en Guatemala.

El meollo, el fundamento o centro de este asunto supera a lo legal por ser ético –lo cual no implica incorrección en la legalidad, porque lo importante son las consecuencias de la permanencia o retiro voluntarios de ella. Ante las dificultades legales, se debe recurrir a una instancia superior. Y si la política es la ciencia de lo posible, también se explica la búsqueda del bien común, el cual por otra parte es la base del sistema jurídico nacional. Aunque se intente negar, los egos también juegan papel fundamental. Está en juego el prestigio respetable de la elección como forma de escogencia de autoridades, la confianza popular y la declaratoria oficial del TSE. ¿Subjetividades? No. Son razones para lograr la corrección.

Su currículum no ayuda. La tesis doctoral, copiada; su intervención personal para acatar sugerencias, en realidad órdenes de Giammattei, evidente. Los criterios contra ella y sus contra ella y sus adláteres de la ONU, la OEA, la UE, Estados Unidos, un serio grupo del sector privado y de la población, como una cacería de bruja, cae en delirio de persecución. Tiene destacado lugar en el equipo de los perdedores y si está tranquila, váyase e inste a sus adláteres a aprovechar también el derecho de la renuncia, porque en todo caso no se le probará nada. Sea la solución, no el centro del problema. Quien la inste en aferrarse, le está causando daño y se lo causará al país. La ayudará a tomar la decisión su sólida fe religiosa, según se conoce. Un serio problema tiene una fácil solución individual.