La indemnización es una figura legal destinada a otorgar una merecida compensación a los trabajadores de cualquier clase cuando cesan los contratos laborales o cuando una empresa o institución decide prescindir de sus servicios. Este derecho se pierde con el retiro voluntario, por motivo de haber obtenido un trabajo menor remunerado. Cuando esta última toma la decisión, muchas veces a causa de mal comportamiento de su personal, debe pagarle la indemnización, convertida entonces en un premio tan inmerecido como lo es también verse obligado a perder la suma equivalente a un mes de salario por año trabajado. Debería ser al revés, pero así está la ley. Sin embargo, el derecho y merecimiento a la indemnización no es, puede ni debe ser intrínseco a toda actividad.

La más reciente causa para el rechazo a los diputados de la anterior legislatura es la imperdonable resolución de diciembre para pagarles prestaciones. Sin duda, una abrumadora mayoría de ciudadanos siente una aversión visceral contra esta adicional prueba de incalificable abuso. Pero no es necesario juzgarla visceralmente: la simple lógica y conocimiento mínimo de leyes demuestran la necesidad de abolir semejante fuente de desprestigio al solicitante. Quien trabaja por contrato, como puede considerarse una elección, al finalizar este simplemente se va a su casa, pues se sabe con exactitud cuándo iba a finalizar. No cabe tampoco aplicar el derecho mencionado por haber sido despedidos. En todo caso, los despidieron los votantes, al votar por otros aspirantes.

Un problema serio para el país es el cada vez mayor convencimiento de la inutilidad de ese poder del Estado. No se rechaza a los diputados, en esta y todas las legislaturas anteriores, sino a la institución. Y este resquebrajamiento de la confianza popular trae dos resultados negativos: uno, no permite de hecho la participación de personas con un buen nombre qué respetar. Y dos, quienes aceptan en su mayoría lo hacen por estar dispuestos y/o deseosos a participar en el saqueo, contubernios, etcétera. Según su definición en el idioma español, una diputación otorga categoría de dignidad, pero esta calidad se derrumba cuando los diputados anteriores, en un evidente conflicto de intereses, irresponsablemente aprueban para sí mismos tan inaceptable beneficio.

Los beneficios sociales como la indemnización están dirigidos a los trabajadores físicos o intelectuales, públicos o privados. Las escandalosas cifras de lo otorgado adicionalmente —bono 14, vacaciones, gastos de representación, almuerzos, licores— convierten en el colmo del descaro la crítica absurda, sexista y discriminatoria de Álvaro Arzú Escobar a la diputada indígena cuando ella decidió renunciar a la prebenda del almuerzo. Eso demuestra la realidad de la clase politiquera guatemalteca. Siguiendo esa retorcida lógica, debería pedir indemnización el arzobispo, por ejemplo, porque su tarea apostólica sea considerada un trabajo en el sentido laboral de la palabra. Es inimaginable pensar en parlamentarios europeos o estadounidenses beneficiándose de esa manera.

La miopía de los politiqueros guatemaltecos es aplastante. Indemnizar a los diputados, ¡por favor! La evidente permanencia de semejantes abusos, arbitrariedades, irregularidades y güizachadas obliga a los diputados a actuar, aunque lo hagan a nivel personal al principio. Necesitan congraciarse siquiera en algo, sobre todo quienes desean mantener una carrera recién iniciada. Si los guatemaltecos deseosos de participar en el desarrollo político del país no atisban cambios, el país terminará de hundirse políticamente, y los ciudadanos, en un acto de desesperación similar a la existente cuando colocaron en la presidencia al comediante Jimmy Morales, con la diferencia de probar con un populista de cualquier signo, ambos nefastos, como se ha comprobado suficientemente.