La ley para la protección de la vida y la familia —solo engavetada, pero no eliminada, y por ello durmiente—, como todo ordenamiento jurídico con intenciones ocultas, ha sido centrada en aspectos relacionados con lo sexual del ser humano —no con el género, porque este se refiere a cosas inanimadas—. Con algunas es posible estar de acuerdo, por ejemplo: los infantes nacen hombres o mujeres y merecen no ser afectados por presiones para cambiar de sexo. En un Estado laico, la libertad individual de los adultos incluye la homosexualidad en sus manifestaciones, y las leyes deben ser iguales para quienes hayan nacido en el país. Pero esa misma libertad incluye no solo el derecho de estos cambios, sino el de aceptarlos o no en la familia, base de la sociedad. Es muy complicado y doloroso.

La libertad de expresión incluye el derecho de hacer público el pensamiento de quienes apoyan cualquiera de las posibilidades, y de hacerlo en los medios de comunicación o en cualquier otro vehículo. Gracias a esta ley no eliminada, un régimen con tendencias totalitarias y con muchas veces fariseicas posiciones, como el actual, puede usarla como pretexto para silenciar los criterios distintos al oficial. Es una variante oculta de la censura, y es similar a como se está haciendo, por ejemplo, en El Salvador buquelero. La libertad es una sola y únicamente por razones de claridad es dividida en económica, política, religiosa, etcétera. Sin entrar en estas divisiones, la defensa de esta condición humana natural debe comenzar con la relacionada con el pensamiento.

La libertad de expresión está garantizada en el texto constitucional, pero esto no significa nada para un remedo de Congreso como el de hoy, centrado en el ansia de actos corruptos, aunque ello signifique muerte, atraso en todos los órdenes y mantenimiento y aumentos de todo tipo de privilegios. Las obligaciones a los medios de información fuera de las leyes laicas, necesarias para mantener el orden social, rompe la Carta Magna, pero —de nuevo— pueden convencer a una ciudadanía poco educada y malconvencida de ser la ética y la moral religiosas los criterios para juzgar acciones humanas, sujetas a errores y a maldades. De nuevo es necesario recalcar: decir esto no significa rechazar la importancia de la religión, sino solo no mezclarla con la ley del Hombre.

Ríos Montt: 40 años después

El golpe de Estado de los oficiales jóvenes admiradores de Efraín Ríos Montt sucedió hoy hace 40 años. Se presentó como un triunvirato que poco después se concentró en el general golpista. Ríos Montt gobernó 15 meses y es un personaje muy controversial de la historia guatemalteca. Hay un aspecto poco recordado: ese gobierno representó el inicio de las ideas teocráticas hoy de moda, con su iglesia Verbo, convertida de hecho en la doctrina religiosa oficial. Uno de sus cercanos colaboradores fue Jorge Serrano Elías, de la iglesia evangélica Elim, quien encabezó el Consejo de Estado, pero las improvisadas moralinas dominicales del militar provocaron su relevo, ordenado por la cúpula castrense. Luego, ambas agrupaciones regresaron a sus labores neopentescostales, hoy compartidas por cientos de grupos afines.

Esa mezcla de religión y política es cada vez más clara en el actual gobierno y sus integrantes, como lo fue con Jimmy Morales. En el caso de Serrano, tras su frustrado autogolpe logró escapar a Panamá, donde vive gozando de su dinero mal habido, producto de la corrupción. Ríos Montt se obsesionó con la política y después fundó el partido FRG, rebautizado Partido Republicano Institucional y desaparecido en el 2015, donde no obtuvo ni una sola curul. Su hija Zury es ahora la verdadera candidata oficial, aliada de Giammattei. Estos 40 años permiten calificar al militar como el sembrador del árbol cuyos amargos frutos se sufren hoy.