Al inicio de las restricciones impuestas por el gobierno de Guatemala, respaldadas por el Congreso, y las aprobaciones de los préstamos externos, por un lado, e inflacionarios, por el otro, comenté con un buen amigo que está metido en el Gobierno que esto iba a causar mucho daño al país. Su respuesta fue que lo que hacían era para ayudar a la gente y que no pasaría lo que preveía, que confiara en el Gobierno y en las ayudas que les llegarían a las familias y a los trabajadores, así como a los ministerios, para apoyar a combatir la pandemia.

Mi amigo estaba molesto conmigo por cuestionar las medidas del Gobierno. Jamás cuestioné las intenciones porque no las puedo conocer, y me gusta dar el beneficio de la duda de que son buenas. Pero, como dice el dicho, “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. En ese momento, hablar contra las medidas del Gobierno era una insolencia, un pecado. Ahora no tanto. Todas las voces que criticaban lo que el Gobierno hacía con ese enorme endeudamiento, con la mayoría de las terribles restricciones impuestas al país dentro de un estado de Calamidad que eliminaba las libertades y derechos individuales, eran calladas con descalificaciones, insultos y sin argumentos. La destrucción de la economía era evidente y no la veían. Ante esto, la respuesta fácil era: “prefiero la vida al dinero”, demostrando una incomprensión de economía, es decir, acción y vidas humanas.

Cuatro meses después, seguimos con restricciones que no sirven para contener la pandemia y que causan mucho daño a la economía; es decir, a la vida humana. Cada día hay más empresas pequeñas y medianas que están quebrando, gente desempleada que se ha quedado sin ingresos, elevación de costos en todas las empresas que sí pueden operar. Por otro lado, hay una enorme cantidad de personas detenidas por violar las restricciones, especialmente por el toque de queda. A eso hay que sumar que los hospitales están saturados por el mal manejo desde el principio de los protocolos de quien se quedaba o no ingresado, la monopolización de pruebas que al final fueron insuficientes, al igual que la monopolización por parte del Gobierno de atender a los enfermos por covid-19. No digamos la falta de insumos, equipos médicos de protección y otros, por la ineficiente ejecución de los recursos asignados a esta enfermedad. Y para terminar, todo lo ofrecido por el Gobierno para ayudar a las familias y desempleados comenzó a llegar al tercer mes y no a todos ni en su totalidad.

Mientras tanto, la economía va en plena caída. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imae) cayó 5.2% en marzo y 10.2% en abril. Una caída sin precedentes. El Banco de Guatemala estimaba, al 26 de mayo, que terminaremos el año con -2.5% (+/- 1%) del PIB en términos reales. En lo personal tiendo a considerar un poco conservador al Banco de Guatemala en su pronóstico. Tomando en cuenta lo que el Gobierno está haciendo, esperaría que 2020 termine con una caída aproximadamente del 5% del PIB en términos reales. Ojalá que lo que dicen los economistas del Banco de Guatemala sea lo correcto. Aun así, es una enorme caída que demuestra cómo la economía y la vida de las personas ha sufrido este año.

El daño económico significa para los guatemaltecos falta de ingresos, quiebra de empresas, incremento de costos, desempleo, mayor desnutrición, más muertes por enfermedades evitables, incremento en la pobreza, ansiedad y desesperación. No se puede seguir así. El daño en vidas destruidas por la caída de la economía está siendo mayor que el de las muertes por la pandemia misma. Abramos los ojos.