En 2000 se publicó un estudio comparativo sobre los países cuyas constituciones contemplan una representación regional o de naciones (Representing the Nations and Regions in a new Upper House: Lessons from Overseas). Se publicó para sustentar ciertos debates parlamentarios en el Reino Unido. Más recientemente, un líder del Partido Laborista de Escocia, Anas Sarwar, ha vuelto a poner el asunto sobre el tapete.

En el estudio comparativo citado arriba se analizan los casos de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia y España. Añadiría yo, como otro sumamente interesante, el del Reino de Bélgica.

El común denominador consta de dos elementos básicos, a saber: una representación de los ciudadanos, en igualdad ante la ley (uno de los principios republicanos) y otra representación, generalmente en otra cámara del parlamento (o mediante autonomías investidas dentro de su territorio de las funciones clásicas del Estado en materias de ámbito regional), que no surge de los ciudadanos, sino de las regiones, las naciones o las colectividades a las que, con base en determinados criterios, se les reconoce con derecho a representación en esa cámara.

El criterio clave, me parece, es el de nación o de pueblo. Una colectividad con identidad lingüística, cultural, étnica y con consciencia de todo ello.

Y, volviendo al hilo del planteamiento que me ocupa, la pregunta que se impone es si en Guatemala existe ese tipo de colectividades, de modo tal que deba reconocérseles otra representación, además de la que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos reconocida.

Creo que esta cuestión se ha puesto de relieve en otros contextos que pueden generar cierta confusión. Así, por ejemplo, bajo el Convenio OIT 169, debe realizarse una consulta previo a Gobierno o alguna administración pública una medida administrativa que pueda afectar a un pueblo indígena o tribal. Sin entrar en el debate de qué elementos configuran a un pueblo indígena y tribal, he de decir que no me refiero a eso en estos artículos.

Yo hablo de esas colectividades integradas por millones de guatemaltecos que, formando parte de actividades cívicas, políticas, económicas, culturales y sociales abiertas a cualquier otro guatemalteco, no obstante, poseen una identidad lingüística, cultural y étnica y son conscientes de todo ello.

Ahora bien, es necesario justificar que esas circunstancias ameriten el reconocimiento de otro nivel de representación en una segunda cámara del Congreso de la República.

Esa justificación radica, creo yo, en el hecho de que, a lo largo de su historia, esas naciones o pueblos se hayan encontrado con otros sin convertirse en una nueva nación, o por lo menos, no lo suficiente como para generar una consciencia de pertenencia generalizada a esa nueva nación.

No me cabe duda de que esa fue parte de la visión de los liberales de la generación de la Independencia que, sin embargo, nunca se dio en la realidad. En cambio, el estadounidense descendiente de italianos o el que tiene ancestros polacos, se ven a sí mismos como una y la misma cosa: americanos. Sus ancestros entraron en un crisol en el que sus culturas y sus lenguas se fundieron en una nueva. En Guatemala, no.

Por supuesto que ha habido un mestizaje muy importante, pero no fue forjador de una síntesis nacional, cultural y lingüística, sino que forjó, si cabe la expresión, una tercera nación con su propia identidad: la nación mestiza.