Los diputados que integran el Pacto de Corruptos se quieren erigir en un súper poder que no solo viola la Constitución y retuerce las leyes, sino que asume un rol que corresponde a otras instituciones del Estado. Su agenda incluye el debilitamiento del Consejo de la Carrera Judicial y la creación de una comisión que investigue a la Cicig con el fin de traerse al suelo todos los procesos anticorrupción en que participó esa instancia internacional. Pero ellos no están solos, tienen el apoyo del sector empresarial organizado y del presidente Jimmy Morales. Basta ver estas coincidencias: El diputado Felipe Alejos dijo el martes que la Cicig “fue una estructura criminal que operó en nuestro país” y un día después, el mandatario afirmó en la sede de la ONU que Iván Velásquez convirtió a esa instancia investigadora en una “estructura criminal que cooptó la justicia”. Interesante ver cómo Legislativo y Ejecutivo articulan una misma estrategia para consolidar el reino de la impunidad.

¿Cuál es la jugada de estos diputados? Primero, tratar de sacar de la cárcel a sus socios en negocios oscuros detenidos en el Mariscal Zavala por casos de corrupción. Segundo, preparar el terreno favorable para los legisladores que no fueron reelectos y están señalados también por casos de corrupción, quienes a partir de enero perderán su inmunidad. Esos objetivos pasan por colocar en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones a magistrados afines a sus intereses. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) les aguó la fiesta. Debido a los vicios detectados en la elección de magistrados, la CC otorgó un amparo que dejó en suspenso ese proceso y ordenó que el Consejo de la Carrera Judicial evalúe a los jueces y magistrados que aspiran a llenar las plazas de magistrados. La anulación del proceso trastocó los tiempos de estos diputados, quienes ahora intentarán quitarle atribuciones al Consejo para buscar incidir aún en la elección de magistrados.

Pero si para el Pacto de Corruptos es vital controlar a los administradores de justicia, también lo es eliminar la amenaza de un Ministerio Público (MP) beligerante. La estrategia de investigar los casos en los que estuvo involucrada la Cicig, así como la campaña de desprestigio contra esa comisión, tiene un claro propósito: amedrentar al MP y paralizar la labor de Juan Francisco Sandoval, quien dirige la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), un legado de la Cicig. En esta cruzada criminal, el presidente Morales está muy activo porque ya se acerca el 14 de enero cuando quedará vulnerable a la reactivación de las demandas por financiamiento electoral ilícito y la eventual presentación de casos en su contra por abusos sexuales contra varias mujeres, lo cual fue denunciado el año pasado por el excanciller Édgar Gutiérrez.

Como se ve, hay un hilo conductor que une a legisladores y presidente en su afán por lograr que el futuro inmediato les sea favorable para permanecer impunes y continuar el saqueo de los recursos públicos. Para ello, no les importa pasar sobre la Constitución que define la separación de poderes del Estado y deja claro que el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación penal y no una partida de diputados corruptos que se quiere arrogar esa potestad. De ese grupo de diputados se puede esperar cualquier cosa. El lunes pasado, por ejemplo, El Periódico dio a conocer el despilfarro de recursos que hacen en comilonas sin fin. Uno de los casos más ilustrativos es el del diputado Juan Manuel Giordano, del partido oficial FCN, que en junio pasado gastó de fondos del Congreso Q14 mil 743 en festines de mariscos en un restaurante de la zona 15. Esa forma de utilizar de manera discrecional nuestros impuestos es una pequeña muestra de cómo esta gente cree que el Estado está a su servicio y puede hacer lo que le venga en gana.