Civitas
La tarea ciudadana de fiscalizar el Congreso
El mandato constitucional de los diputados radica en tres funciones: legislar, fiscalizar y representar.
La política de Guatemala atraviesa una crisis de representatividad desde los últimos años. El Congreso de la República ha sido la institución menos confiable y representativa para los guatemaltecos, cuando paradójicamente tiene el mandato constitucional de representar los intereses de los ciudadanos. La Ley Electoral y de Partidos Políticos hace difícil que los ciudadanos guatemaltecos se puedan sentir representados, debido al sistema de elección para diputados; los guatemaltecos votamos, pero no necesariamente elegimos.
La discusión de reforma a la Ley Electoral es importante, para mejorar la forma de elección y que los guatemaltecos podamos elegir a nuestro representante. Sin embargo, además de la discusión de reforma legal, es importante que los ciudadanos podamos establecer mecanismos claros de cómo medir el trabajo de los diputados para poder exigirles que cumplan con su mandato.
El mandato constitucional de los diputados radica en tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Es importante que los ciudadanos tengamos conocimiento sobre cuáles son las atribuciones de los diputados para poder exigirles que las cumplan de buena manera. Las redes sociales brindan una herramienta de cercanía con los políticos y funcionarios públicos, pero a la vez pueden representar un reto con la desinformación.
La popularidad en las redes sociales representa un peligro de un crecimiento de demagogia digital para generar una mayor interacción, a pesar de que no se refleje en un trabajo legislativo de calidad. La demagogia digital es generar promesas y expectativas falsas, así como abordar problemáticas complejas de una forma simplista e irreal. Esta demagogia digital puede desenfocar la medición del trabajo real de un diputado y puede poner la atención en cuestiones banales y de nulo beneficio para el ciudadano. El mandato de los diputados no es de entretenimiento a la población.
La función de fiscalizar es importante y puede generar impactos positivos para mejorar la calidad del gasto público, así como evaluar la calidad de trabajo de funcionarios públicos de otras entidades del Estado. Este trabajo de fiscalización también debe ser evaluado por la ciudadanía, preguntándonos si realmente hay una mejora o si es una acción para llamar la atención. La fiscalización bien dirigida y estructurada puede ser una herramienta importante para que el ciudadano gane mayor confianza y recupere el sentimiento de representatividad con los diputados.
La calidad legislativa es importante para lograr la paz social y desarrollo. Regularmente, en las redes sociales se juzga la calidad de una iniciativa de ley por su nombre y no se indaga sobre su contenido. Un ejemplo reciente de esto fue la iniciativa de protección al consumidor, que por su nombre cualquiera diría estar a favor e incluso los diputados argumentaban estar impulsando la ley, pero al analizar el contenido se encontraban distintas incongruencias y errores que detuvieron su discusión en el Congreso. Para ello es importante que antes de que una iniciativa de ley llegue al punto de poder ser aprobada, cumpla con el mecanismo de discusión real en las comisiones de trabajo que componen el Congreso. Esto es importante para que el pleno del Congreso no esté lleno de iniciativas que avanzan en su aprobación estando desactualizadas, con errores técnicos o sin socialización de su contenido.
La representatividad del Congreso se refiere a que cualquier ciudadano, sector de la sociedad o empresarial pueda formar parte de la discusión de las iniciativas de ley que pueden afectarle o se desean impulsar. Para ello es importante que esta legislatura inicie un trabajo transparente e inclusivo en las diferentes comisiones de trabajo. De tal manera que se pueda ir recuperando la representatividad en el Congreso, que se ha perdido. La recuperación de la representatividad en el Congreso requiere de buena voluntad política y también de conocimiento ciudadano de sus derechos para exigir el cumplimiento del mandato de los diputados correctamente.
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