El Consejo Superior de la Universidad de San Carlos demostró su desconocimiento a la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento (LCEP) y decidió por unanimidad expulsar de esa casa de estudios al estudiante Camilo García. Ese castigo extremo es una posibilidad aplicada cuando la persona sancionada ha protagonizado o participado en un acto ilegal, inmoral o de falta de respeto a sus catedráticos o compañeros, pero no incluye la expresión de criterios personales, es decir opiniones, al respecto de la actuación de dichos funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Se trata de funcionarios públicos.

Al ejercer el derecho otorgado por esa ley, García debe responder en un juzgado de imprenta a la posible comisión de los delitos de injuria, calumnia o difamación. El CSU en todo caso debió haber seguido estas normas, cuyo conocimiento para sus integrantes es obligatorio. Se trata de un proceso largo. Al tomar la decisión por estar irritados sus integrantes, de hecho están acusando de injuria o calumnia al castigado, lo cual constituye una usurpación de funciones. Por aparte, es casi totalitario reaccionar contra quien critica a la Usac y sus autoridades, sobre todo en las circunstancias actuales derivadas de la manera como se integró ese cuerpo colegiado y se eligió al rector.

Este caso demuestra claramente la dificultad de entender los alcances de la LCEP, por su calidad de institución donde en teoría se aceptan y respetan criterios distintos, contradictorios a veces, y afecta a la más antigua universidad del país. Todo esto no tiene relación con la manera de divulgar el pensamiento del estudiante García. Aun quienes están en desacuerdo o consideran ilegal lo expresado y rechazan la forma de presentarlo deben rechazar la reacción hepática y poco meditada del CSU. Por otra parte, el autor necesita ser amonestado dentro y fuera de la Usac porque, como sea, es la causa de este asunto.

Una cárcel necesaria

Nayib Bukele, a causa de su peculiar manera de gobernar, ha sido motivo de muchas críticas, sobre todo en el campo de los derechos humanos. Pero no se puede negar su forma directa de actuar y de hablar —fuera de todo protocolo y diplomacia— ni tampoco cómo se ha enfrentado a uno de los problemas salvadoreños más serios, si no el peor de todos: los mareros, cuya organización y membresía ha causado la muerte de miles de personas, incluyendo a aquellas víctimas de las confrontaciones internas. La ciudadanía, como también la de Guatemala, vive a la merced de asesinos desalmados y narcotraficantes.

Luego de recorrer las ciudades para capturar mareros reincidentes, aunque con numerosos casos de encerrar a gente no culpable, Bukele decidió construir una enorme cárcel específica lejos de la ciudad, con varias murallas perimetrales, docenas de postes de luz, torres de vigilancia, muros electrificados para evitar escapatorias, lugares dedicados a las acciones legales a fin de evitar la salida de los capturados y condenados, alrededor de 800 agentes con diferentes tareas, instalaciones adecuadas. En fin, una cárcel de la cual es imposible escapar. Un ejemplo para la indispensable lucha antimareros.

En Honduras y Guatemala urge hacer algo parecido porque son muchos los mareros y las cárceles no dan abasto ni la corrupción permite mantenerlos y evitar así el terror en los barrios. De nada ha servido capturarlos porque las prisiones no son adecuadas para su fin principal: evitar más crímenes de quienes irrespetan la vida y también aumentan la criminalidad entre los jóvenes. Si la ley es aplicada en forma correcta, cumple con su función de sacar a los delincuentes de la acción impune en las calles. El tema es controversial pero el fin básico debe ser evitar la orfandad de los niños, la viudez de las madres y el dolor de los padres.