Aquel 7 de diciembre de 1996 Estocolmo amaneció con menos frío que de costumbre. La capital de Suecia lució sus mejores galas para celebrar un acontecimiento que cambiaría la vida política de un pequeño país a miles de kilómetros de distancia: la suscripción del Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral entre el gobierno de Guatemala y la guerrilla agrupada en la URNG. Un grupo de guatemaltecos fuimos invitados como testigos de esos compromisos, que se habían iniciado dos días antes en Oslo, Noruega, donde se firmó el acuerdo de cese el fuego entre el Ejército y la insurgencia. Esos dos acuerdos, y un tercero suscrito en Madrid, permitieron que el 29 de diciembre de ese año se concretara el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Esa vez pude observar la solidaridad de las autoridades y de la población suecas con nuestro país y ver cómo se alegraban de que finalmente cesara la lucha armada en Guatemala.

Estos recuerdos vienen a mi mente luego de conocer la absurda decisión del presidente Jimmy Morales de cerrar la embajada guatemalteca en Estocolmo por una supuesta “reorganización de prioridades del servicio exterior”, como dijera la canciller Sandra Jovel. La mala fe se percibe cuando el vicepresidente Jafeth Cabrera afirma que la relación con Suecia es “casi nula” porque hay poco comercio, pero se guarda de reconocer la importancia vital que ha jugado ese país en el acompañamiento político en los últimos 25 años. Suecia no solo coadyuvó al fin del conflicto armado, sino que, como apoyo a los acuerdos de paz, reforzó su cooperación con Guatemala en 1996. Su asistencia se ha centrado en el respaldo a la democracia, los derechos humanos y el desarrollo económico y social de las personas que viven en pobreza. Para el período 2016-2021 la cooperación sueca asciende a mil millones de quetzales. Si a eso se le llama “casi nula” relación, estamos frente a un gobierno soberbio, ruin y mezquino.

Al presidente Morales no le importan las consecuencias que ese desatino le cause al país y a Alejandro Giammattei, como próximo mandatario, con tal de saciar su irracional sed de venganza. La ojeriza del actual gobernante se debe al financiamiento que dio Suecia a la Cicig como parte de su respaldo a la lucha contra la corrupción e impunidad. Desde el año pasado, el gobierno mostró su malacrianza con Suecia al tratar de expulsar a su embajador, Anders Kompass, acción que fue abortada por la Corte de Constitucionalidad. Ahora inventa una reorganización de embajadas para “golpear” a los suecos. El problema para el país es que la embajada en Estocolmo también atiende las relaciones con Noruega, Dinamarca, Finlandia, Estonia y Lituania. O sea, por venganza personal, el presidente Morales intenta dañar las relaciones diplomáticas con una parte importante de Europa.

Esa absurda decisión no afecta para nada a Suecia, en cambio deja a Guatemala aislada y con una imagen más retrógrada. A nivel internacional se sabe que el retiro de la embajada se debe a una represalia porque el país escandinavo apoyó la lucha contra la corrupción. Los datos son muy claros: Suecia se ubica entre los primeros cinco países con menor percepción de corrupción a nivel mundial, Guatemala, en cambio, está hundida en el puesto 144 como uno de los más corruptos. Morales es un claro ejemplo de cómo la corrupción domina las políticas de Estado. El presidente no solo cometió esta torpeza, sino que ha llevado el servicio exterior al nivel más bajo, al colocar a gente incompetente en misiones diplomáticas. El próximo mandatario deberá tomar conciencia de que el país no puede seguir a la deriva. Si Giammattei está interesado en recuperar la diplomacia guatemalteca, tendría que eliminar de ella la venganza, el amiguismo y el nepotismo que la han dañado, y reestructurarla con una estrategia dirigida a modificar la maltrecha imagen externa del país.