En un país tan empobrecido, no por voluntad de Dios ni porque el guatemalteco sea indolente, sino por la clase política corrupta que lo ha gobernado dentro de un régimen de impunidad, unido a la estructura social tan desigual e injusta, dominada por una elite racista que ha copado el Estado, el covid-19 impactará extendida y profundamente la micro y macroeconomía, pero sobre todo la vida de la inmensa mayoría de los guatemaltecos por muchos años.

Lo que más importa ante ese panorama es la vida de los ciudadanos, antes que los negocios del sector económico más poderoso, que siempre ha condicionado la gobernabilidad y las políticas económicas de los gobiernos buscando sus intereses en detrimento del bien común, por eso el desarrollo social no ha llegado a todo el país ni a todos los sectores de la población.

La vida de un solo guatemalteco vale más que toda la riqueza generada por el Cacif, a cuyos intereses está respondiendo el gobierno actual en la estrategia que implementa en esta crisis planetaria, pues está dejando totalmente desprotegidos a los trabajadores, quienes están quedando al capricho de los empleadores.

Al Gobierno no lo vemos seriamente comprometido en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores, ni mucho menos preocupado por garantizar “el trabajo decente” en estos tiempos de pandemia. Los trabajadores han quedado solos y a la deriva, en medio de esta grande ola que nos azota, donde lo peor está por llegar, dada la precariedad del sistema de salud y los altos índices de pobreza en el mundo rural campesino e indígena y en las periferias de las zonas urbanas.

Considero un imperativo ético y de enorme responsabilidad de un gobierno democrático, dada la magnitud de la crisis, que el Estado intervenga con claridad y certeza, con contundencia y determinación para proteger, además de los trabajadores, a la empresa, desde la micro, la pequeña y la mediana (mipymes), también al capital, sobre todo para que este, desde su dimensión social, se ponga al servicio de la crisis, esto es al servicio de la población, que es la mayor riqueza de una nación, aunque viva en condiciones de extrema pobreza y de vulnerabilidad.

Las grandes empresas, por su parte, no deberían conformarse con ofrecer solamente donativos al Gobierno, sino que deben ser capaces de asumir las consecuencias de la crisis frente a sus trabajadores y ante el país, pues largamente se han beneficiado de las políticas económicas de los gobiernos, quienes han impulsado leyes a su favor, les han facilitado su funcionamiento y la generación de riqueza.

Mientras el Ejecutivo se somete a las exigencias del sector empresarial más poderoso, para garantizar que el sistema económico no altere en nada sus ganancias, el Legislativo aprovecha la crisis para obtener buena tajada y no tocar a las empresas telefónicas ni al sector eléctrico ni al negocio del agua.

Su avaricia no tiene límite, pues aprovechando la crisis quieren tener abierta la puerta para obtener “créditos” fácilmente; es decir, “sin restricción” alguna, “para las personas políticamente expuestas”, y esa clase de personas son ellos en su calidad de diputados, también el presidente, los ministros de Estado y hasta los secretarios de las organizaciones políticas partidarias.

Quedan al descubierto sus intereses al proteger a las grandes empresas, pues al menos 78 diputados, entre ellos los cuatro jutiapanecos, se opusieron a que se suspendiera el cobro de servicios de energía eléctrica, teléfono, internet y agua entubada. Se pretendía con dicho artículo garantizar el “suministro permanente de servicios básicos”, pero no se logró. Una vez más la clase política nos defrauda.