En los últimos días se ha elevado la atención en los medios por la nueva prórroga que se le quiere dar a Perenco para seguir con su actividad petrolera ilegal en Laguna del Tigre, que desde 1985 opera por el contrato de exploración del campo petrolero Xan, permitiendo la explotación del 80% del crudo nacional.

Me permito recordarles a mis amigos lectores que la ley 5-90 creó el Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT) y al convertirse desde 1990 en una zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) ya no puede existir allí más actividad petrolera.

Anteriormente se hizo una prórroga ilegal durante la presidencia de Álvaro Colom, en el 2010, con la oposición de tres ministros: de Ambiente, de Cultura y Gobernación, quienes razonaron su voto, que fue publicado en el diario oficial. Sin embargo, se aprobó de forma ilegal. Una vez más, no podemos permitir ilegalidades ni prorrogando ni haciendo un nuevo contrato por la propia Ley de Hidrocarburos, pues existen obstáculos infranqueables al tratarse de un parque.

El oleoducto, la refinería y las áreas de explotación petrolera fueron todos prorrogados ilegalmente, y al vencerse el contrato debieron haber regresado al Estado. Para colmo, a los lodos de perforación hay que darles tratamientos para que sean inocuos. ¿Acaso no inyectaron estos lodos tóxicos al subsuelo, donde contaminan las aguas subterráneas? El sistema kárstico y de piedra caliza de Petén está lleno de agujeros, por lo que la contaminación llega a los pobladores y el daño es irreparable.

Imaginen el tamaño del Parque Nacional Laguna del Tigre, que equivale a Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala juntos, con más de 365 mil hectáreas con recursos hídricos, humedales y un arrecife dulce. Siendo el humedal más grande de Centroamérica, sus 14 ecosistemas diferentes han sido reconocidos mundialmente por la Convención Ramsar.

El PNLT ha estado sometido a presiones desde los años 80 y, por ende, ha sufrido daños irreversibles a su integridad. Con ello se evidencia la debilidad de un Estado fallido porque en medio de río revuelto, ganancia de pescadores. Desde que inició sus operaciones, la empresa abrió caminos e indirectamente facilitó la ruta para que se diera el cambio de uso de suelo, ingobernabilidad, usurpaciones, asentamientos humanos ilegales, pesca y cacería furtiva, y hasta inscripciones anómalas en el Registro de la Propiedad. Grupos armados ilegales se creen hoy en día dueños del territorio.

Pero no todo está perdido. El Congreso de la República emitió en el pasado la ley 16-2004 para el rescate, protección y conservación de Laguna del Tigre. ¿No es entonces contradictorio que permita la prórroga del contrato petrolero si se busca rescatar Laguna del Tigre? Me pregunto qué decidirá el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Y el Congreso aprobará una ley ilegal que lesiona los intereses nacionales?

Todavía es rescatable el humedal, cuya inmensa biodiversidad es parte de nuestro patrimonio nacional. Pensemos qué gana o pierde Guatemala al prorrogarse. De las regalías de un miserable 5%, ellos hasta piden fiado por 24 meses y declaran millones en gastos, no quedándole mayor cosa a Guatemala. ¿Y qué de las emisiones de gases de efecto invernadero? Hasta eso tendrá Guatemala que cubrir. Así que, analicemos, ¿gana Guatemala algo prorrogando este contrato ilegal versus cuánto puede perder?