El hecho de que la máxima representación democrática en la estructura del Estado guatemalteco haya decidido levantar la inmunidad de que estaban investidos cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la decisión de la mayoría de sus integrantes de aprobar un presupuesto para 2024 prescindiendo del hecho de que hay un presidente y una vicepresidente electos, impone algunas reflexiones.

Creo que la legalidad “formal” es, ciertamente, una lente a través de la cual puedan verse estos actos del Poder Legislativo, pero más interesante me ha parecido enfocarlos en torno a los valores, principios y fines que informan la Ley Fundamental de la república.

En ese sentido, los representantes del pueblo —los diputados constituyentes de 1984-85— decretaron la Constitución Política reconociendo al Estado “como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz…” (ver la invocación) y así es lógico que, en sus primeros artículos, hayan consagrado al bien común como fin del Estado y, como su deber, garantizar a los habitantes de la república los valores ya enunciados más el desarrollo integral de la persona.

Recientemente, el canciller del Gobierno sostuvo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que las actuaciones del Congreso de la República, relativas a los magistrados del TSE, no deben entenderse dirigidas a cuestionar el reciente proceso electoral, sino únicamente a desplegar las consecuencias naturales de la tramitación de una denuncia penal en su contra. Pienso que esa afirmación presupone algún conocimiento sobre la intencionalidad de los representantes de los ciudadanos que votaron con los efectos ya indicados arriba y, realmente, eso no parece posible.

Las intenciones que hayan movido a cada diputado a actuar como lo hizo, solo las conoce él mismo. A los órganos de la OEA y a los ciudadanos de este país quedan a la vista las circunstancias objetivas dentro de las cuales se ha resuelto levantar la inmunidad a cuatro de los integrantes del TSE y sancionar la ley que contiene un presupuesto a espaldas de los programas y objetivos del nuevo gobierno.

Esas circunstancias, según lo publicado por la prensa, son las sospechas de los denunciantes basadas en publicaciones periodísticas, además de que en otros países se adquirieran los derechos del software a precios más bajos (ignoro si era el mismo producto o para idéntico propósito).

En lo que al Presupuesto se refiere, su aprobación se produjo a sabiendas de su desconexión con los planes y programas del equipo que el 14 de enero próximo debe hacerse cargo del Poder Ejecutivo.

Y, así, analizando las actuaciones de la mayoría parlamentaria, sin entrar a suponer unas intenciones u otras, no puedo concluir que no tengan relación con las pasadas elecciones. Tratándose de integrantes del TSE que han tenido bajo su responsabilidad el desarrollo del proceso electoral y de indicios de criminalidad tan vagos como subjetivos, no logro inferir que las actuaciones de los señores representantes nada se relacionan con dicho proceso. Menos consigo, por más que me esfuerce, entender de qué manera la aprobación del Presupuesto responde a consideraciones estrictamente de hacienda y políticas públicas.

Volviendo a los fines y deberes del Estado, se trata de actos de la mayoría parlamentaria que, procurando ser objetivo, lejos están de la realización del bien común y de garantizar la seguridad, paz y libertad de la población de la república. El bien común exigía renunciar a objetivos meramente partidistas y lo decidido más bien ha profundizado las divisiones entre los guatemaltecos.