El desastre nacional en lo referente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha profundizado una idea existente desde hace tiempo: realizar cambios a la Constitución. He escuchado a jóvenes analistas señalar con cierto grado de inocencia política a tales cambios como una urgencia, y si bien comparto en mucho tal apreciación, siento preocupación porque no se están tomando en cuenta algunas realidades. La primera de ellas es no considerarlos una automática solución a los problemas nacionales, pues —como se sabe— el papel con todo aguanta. Los textos constitucionales no son los malos: son los hombres y la forma como los entienden, aplican, y también se aprovechan de ellos en forma muchas veces vergonzosa.

Hablar de tales cambios asusta a unos y causa exagerada confianza a otros. En nuestro caso, la constitución engendrada ahora no tendrá la calidad manifestada en los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984, pues, aunque algunos eran impresentables, quienes eran probos y tenían cualidades personales y profesionales, así como experiencia política basada en criterios menos criticables, tenían un número suficiente. Como sea, se trata de la constitución más extensa en el tiempo, al tener ya casi 35 años y haber preparado el camino para nuevas instituciones y marcos legales de existencia y aplicación aun hoy, a pesar de todo, aunque el descaro de los últimos tres gobiernos la ha convertido en un libro muy poco respetado.

Hay un consenso en no dar a los diputados convertidos en constitucionalistas una libertad total. No puede ser una carta magna cien por ciento distinta, sino solo intervenir en aquellos artículos ahora necesitados de retoques o de cambios. Ello implica dos cosas: una, la integración de un grupo multidisciplinario y multirrepresentativo, entre cuyos miembros se decidan estos cambios o adiciones. No solo deben ser abogados, sino integrantes de todos los sectores. El Congreso, entonces, debe llegar con la sociedad civil a un acuerdo político de ser un grupo cuya única acción sea la de aprobar lo ya decidido por los representantes reales de la sociedad. Esto es la única forma de no afianzar la desconfianza popular en todo aquello decidido por partidos políticos de juguete, como son todos los actuales. Y es la forma de interesar a ciudadanos de primer orden para participar.

Esta labor permite además a los sectores no politiqueros representados, desarrollar algunos de los artículos constitucionales convertidos en simple letra muerta. Parece absurdo, pero la realidad lo exige: la participación de diputados actuales, con sus transfuguismos, incapacidad y un largo etcétera, además de producir un engendro constitucional, eliminaría la confianza ciudadana y sobre todo la emanada fuera de las fronteras, donde existe la posibilidad de encontrar colaboración económica, política y social. Una necesidad aparentemente sin importancia, pero crucial, es la revisión de los textos a fin de evitar aplicaciones equivocadas de palabras como consecuencia de la ignorancia de su significado en español, el idioma oficial del país.

Veo con esperanza y como una forma adecuada de adaptarse a las nuevas circunstancias el entusiasmo de los analistas políticos jóvenes y de otros miembros de ese grupo etario, ya nacidos o desarrollados en un mundo tecnológico distinto. Se debe analizar la conveniencia de consultar a los ciudadanos si tienen interés en participar, con el objeto de evitar el problema de aprobar la nueva constitución con la participación de una minoría. Entre los derechos debe estar el de no estar de acuerdo con participar políticamente, aunque esta decisión es un total error, porque de hecho reduce el porcentaje de personas realmente interesadas en el país. Y finalmente, dejar maneras de realizar cambios parciales de manera simple para de esa manera mantener una constitución al día.