Nunca antes en la historia de nuestro país las elecciones serán decididas por cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad y no por votos. Entre las frías métricas estadísticas, la decisión se encuentra entre dos candidatas punteras. Si se elimina a una de ellas se le entrega la banda presidencial a la otra por los próximos cuatro años. Así de simple.

Cómo llegamos hasta aquí es el resultado de una confabulación legal que parte también de las entrañas del Tribunal Supremo Electoral, igualmente involucrado en crear este embrollo circense con ínfulas de democracia, con todo un andamiaje superlativamente inconstitucional, saturado de violaciones a los derechos más elementales y pétreos de nuestra Carta Magna. Han acallado el debate, han limitado la libertad de expresión, han impuesto sanciones absurdas a los partidos políticos y han eliminado a candidatos a inscribirse con criterios espurios, fundamentos ilegales y una discrecionalidad apabullante.

Esta combinación fatal ha creado la tormenta perfecta a escasas semanas de los comicios. Esa es la realidad que enfrenta la democracia: La dictadura de los jueces o Lawfare, como lo definió Chales Dunlap Jr. —del Centro Carr de Harvard—, al describirlo como “el uso de la ley como un arma de guerra”. Suena patéticamente cierto —escribí hace un tiempo— cuando los más connotados juristas constitucionalistas se han pronunciado sobre el deterioro del sistema judicial, en especial, la CC, donde se evidencia el mal uso de la ley para empujar agendas politiqueras espurias.

Totalitarismo jurídico, llama el doctor De la Torre al poder sin límites que el positivismo jurídico ha reconocido a la autoridad del Estado. El nuestro está permeado de esa tara que atenta contra la libertad del individuo y de su sentido de responsabilidad moral. Y en medio de todo esto, el narcovoto está presente y laborioso, más activo que nunca aprovechándose de las normativas absurdas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que convirtió la recaudación electoral en algo tan extremadamente complejo de cumplir para los partidos y los donantes, que prácticamente la eliminó para entregársela de cuerpo entero en efectivo y sin ningún control a los narcos y a todo el andamiaje corrupto que, precisamente durante más de una década, se ha tratado de erradicar para evitar la contribución ilícita electoral. Esa es la realidad.

EL gobierno estadounidense se encuentra ahora ante la necesidad de tener que desenmascarar y capturar a los obvios narcocorruptos a sabiendas de que Guatemala se encuentra justo en medio de una posición geopolítica crítica, de cuyo gobierno electo dependerá, no solo la cooperación plena del combate al narcotráfico, sino contra la corrupción sistémica —incluyendo las cortes—, que generan un ambiente hostil hacia las inversiones y por ende la degradación de la economía y el incremento de los migrantes.

Saben perfectamente quien de los candidat@s es consciente y afín para cooperar y establecer políticas publicas idóneas que respeten el estado de Derecho, propiedad privada, normas claras, la eliminación de los incentivos perversos que generan corrupción e impunidad; la disposición de llegar a acuerdos para establecer cabezas de playa, de cooperación con agencias de especialización en el combate al crimen organizado y ante todo, la capacidad y el equipo que le acompañara para poder llegar, no para solucionar toda la problemática nacional de largo y añejo cultivo, sino para sentar las bases para iniciar un plan de país que requiere un horizonte de largo plazo para atender una presa de enormes demandas sociales: desnutrición, educación para el desarrollo, salud preventiva, desarrollo económico, cosas todas que requieren de un@ líder con experiencia y preparación para bregar con ese campo minado llamado Congreso.

Pero claro, la CC decidirá quién será…