En una república suele haber un “contrato social”. El contrato suele estar contenido, principalmente, en la Constitución. La Constitución suele establecer los derechos y obligaciones recíprocas entre el Estado y los ciudadanos, así como un contrato de sociedad, por ejemplo, establece lo propio entre la sociedad y los socios. Esa es la analogía básica de Montesquieu.

Pero hay un paso más o, si se prefiere, un nivel más concreto, tanto en una sociedad mercantil como en un Estado. Sobre todo en esas sociedades mercantiles que se cotizan en bolsa y, por tanto, la propiedad y la gestión ya se han separado.

Las sociedades llamadas “públicas” en los Estados Unidos suelen tener muchos accionistas, a veces millones de accionistas, que no participan en la gestión de la sociedad. Son inversores que procuran contratar un equipo estrella para maximizar las utilidades de la sociedad. Y así se produce un “mercado para el control societario” en el que unos grupos de accionistas compiten con otros por llegar a tener “control” de la sociedad y designar al equipo que, según creen, maximizará las utilidades de esa sociedad mercantil.

Creo que la analogía de Montesquieu puede extenderse a este nivel también; es decir, al de la contratación de los “gerentes” del Estado. En esta analogía, los casi ocho millones de ciudadanos empadronados somos los accionistas, los grupos que compiten por el control corporativo son los partidos políticos que, a su vez, deben contratar a los gestores o gerentes, pero para maximizar el “bien común” bajo la Constitución y las leyes.

Ahora bien, ¿cómo se enteran los ciudadanos del concepto de “bien común” de cada partido político? Como es bien sabido, son múltiples las visiones del bien común que se han formulado por ideólogos, filósofos sociales o por líderes políticos, y muchas de ellas han sido abrazadas o hechas propias por la mayoría de los ciudadanos en diversos momentos de la historia de sus países.

Para algunos, una cierta igualdad entre los ciudadanos es el principio básico de la organización social, según su visión del bien común; para otros, es la libertad. Y el problema es que, generalmente, a más igualdad menos libertad y viceversa. Otros grupos plantean combinaciones de los dos principios, formulando una igualdad básica o mínima y, arriba de un cierto punto, la libertad. Todas estas diversas formas de ver la condición humana son las ideologías.

Es por eso que, en una república democrática sana, los partidos políticos se esfuerzan por definir con claridad su ideología y es así como los ciudadanos pueden, análogamente a los accionistas de las grandes sociedades públicas, encargar a uno u otro partido la selección de los mejores gestores para las instituciones públicas.

Cuando, como en el caso de Guatemala, solamente unos cuantos partidos definen con claridad su ideología, los ciudadanos no saben a ciencia cierta qué visión de “bien común” ofrece cada uno y, por tanto, qué tipo de gestión gubernamental pudiera esperarse de cada uno de los posibles equipos de administradores públicos. En su lugar, aparecen las frases, las promesas los slogans, en fin, una serie de “cascarones” que más bien tratan de no comprometer al partido con ninguna visión en particular, porque los partidos, en lugar de intentar persuadir y ganar adeptos ideológicos, tratan de ganar votos y punto. Es necesario regresar a los verdaderos partidos, con ideología clara, que plantean propuestas basadas en convicciones profundas y no en un mero afán por llegar al poder.