En Guatemala, lo sorprendente es la falta de sorpresas. En menos de una semana ya son dos los aspirantes a la presidencia cuyas ilusiones quedaron truncadas por acciones legales provenientes de Miami. La primera, de Mario Estrada, parecía una película de Hollywood, con agentes secretos encubiertos, trampas para permitir la captura del acusado, luego de existir reuniones con conversaciones comprometedoras grabadas. La segunda, de Roberto Arzú, también provino de esa ciudad floridana y responde a una acusación de falta de pago por servicios profesionales. La tercera es la acusación de Thelma Aldana contra la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, por negligencia.

Esta última sorpresa fue hecha pública por la aspirante del partido Semilla durante una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, de CNN, y en una entrevista para Prensa Libre. Según dijo, la propia DEA estadounidense la previno del plan para asesinarla y le sugirió no quedarse en el país. Afirmó además haber solicitado una audiencia con la nueva fiscal general, quien no le ha respondido. Independientemente de la lucha política y del aprecio o desprecio sentido para esta aspirante o cualquier otro, este terrible hecho por desgracia abre la puerta a una posible violencia criminal contra aspirantes a cargos públicos, en un proceso de hecho iniciado con la solicitud de sicarios hecha por Mario Estrada a los colaboradores encubiertos de la agencia estadounidense.

Los tres casos tienen una diferencia. Las candidaturas de Estrada y de Arzú no tenían la más mínima posibilidad de una victoria. De hecho, su fin era evidentemente otro: construir una bancada representante de sus partidos en el Congreso, y esto se entiende como razón de alarma en todas las instancias conocedoras. La alerta quedó en evidencia en redes sociales el fin de semana con la opinión del exembajador McFarland, quien explicó el trasfondo de la captura de Estrada. Los dos candidatos se han relacionado de manera directa con Jimmy Morales, uno como posible financista y el otro como parte de un poco explicable puesto ad honorem. La candidatura de Aldana es polémica, como también la de Sandra Torres.

Las autoridades electorales señalaron la cifra de 8,194,793 como el número de votantes, pero es lógico preguntarse cuál será el porcentaje de ausentismo, de votos nulos o en blanco. Tradicionalmente ha habido alrededor de un 30% de ausencias, lo cual reduce a 5.7 millones, siempre y cuando todas estas barbaridades poco a poco emergentes no provoquen más rechazo traducido en ausencia a las urnas. Si esta cifra es de 15% adicionales, los votantes serán unos 4.8 millones. No es necesario ser muy suspicaz para pensar en una mayor reducción del número de participantes.

De los candidatos sobrevivientes, veo pocas posibilidades a exfuncionarios o personas relacionadas con el actual gobierno, o quienes dependen del voto de un determinado grupo social o étnico. Sus partidos están condenados a desaparecer, por no sacar el 5% mínimo de los votos o colocar al menos un diputado. El Tribunal Supremo Electoral necesita dar explicaciones lógicas para sus acciones, y no se diga la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. El peor efecto de esta campaña es la admisión, ya con toda naturalidad, de la existencia de la narco-política. Por causa de la vorágine de acontecimientos, es correcto el dictamen de la CC de permitir la publicación de la última encuesta pre electoral para 36 horas antes de los comicios, como ha sido siempre.