Puede ser que proteger la democracia no sea lo que aparenta. La corte suprema del estado de Colorado decidió el pasado 19 de diciembre que Donald Trump sería inelegible para participar en las elecciones primarias presidenciales del partido Republicano en ese estado. Respaldó su decisión invocando la 14 enmienda de la Constitución de EE. UU., que inhabilita a funcionarios para asumir el cargo si han participado en insurrección o rebelión contra el gobierno. El fallo de la corte se dio con un voto de 4 a 3 de los magistrados, en un hecho sin precedentes; es la primera ocasión en que se usa esta ley de 1868 para descalificar a un candidato. El juicio fue entablado por un grupo de votantes liderados por CREW, una ONG, quienes argumentaron que Trump debiera ser descalificado por incitar a sus seguidores a atacar el Capitolio en un intento fallido por obstruir la transferencia de poder presidencial a Joe Biden después de las elecciones del 2020.

El presidente de CREW declaró que la decisión de la corte era necesaria “para proteger el futuro de la democracia en nuestro país”. En contraposición, uno de los tres jueces disidentes de la mayoría, Carlos Samour, razonó su voto diciendo que el juicio no era un mecanismo ecuánime para determinar la elegibilidad de Trump para aparecer en la boleta electoral, porque le negaba su derecho a debido proceso, señalando que ningún jurado lo había condenado del delito de insurrección. “Aun si estamos convencidos de que un candidato cometió actos horribles en el pasado, incluso insurrección, tiene que haber un procedimiento de debido proceso antes de declarar que un individuo no está calificado para asumir un cargo público”. Poco después, un reportero preguntó a Joe Biden si Trump era un insurrecto, a lo que el presidente respondió: “Es autoevidente que es un insurrecto”. Por cierto, Trump supera a Biden en las encuestas.

El meollo del asunto es que el fallo de la corte suprema de Colorado no fue sobre si Trump era culpable o inocente de insurrección, sino si podía estar en la boleta electoral por ser un insurrecto. Es decir, en su decisión los magistrados declaran que Trump es inelegible porque asumen que es insurrecto, aun cuando su culpabilidad no se ha demostrado en un tribunal. Resalta el hecho de que a pesar de que el Departamento de Justicia y varios fiscales promueven una serie de juicios contra Trump, no hay acusación alguna de insurrección o rebelión. Una fiscal de Nueva York acusa a Trump y sus hijos de sobrestimar el valor de sus propiedades para obtener créditos bancarios y pide al juez que imponga una multa de US$250 millones. Esto a pesar de que los créditos ya fueron pagados y ninguno de los bancos acreedores se quejó o interpuso denuncia. Es uno de una serie de juicios que el Departamento de Justicia y fiscales estatales llevan contra Trump.

Si se tratara de fiscales de otros países persiguiendo judicialmente al principal candidato político opositor del régimen, el Departamento de Estado ya les hubiera cancelado la visa para ingresar a EE. UU. y puesto en las diversas listas de funcionarios corruptos. Los magistrados de una corte suprema que votaran a favor de declarar inelegible al candidato de la oposición que lidera las encuestas de intención de voto habrían sido denunciados como “actores antidemocráticos”. Diputados que arriaran a manifestantes a intimidar a jueces en sus residencias, por algún fallo que emitieron, como hizo Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado de EE. UU., serían incorporados a la lista Engel, sus cuentas bancarias y bienes serían embargados bajo la Ley Magnitsky.