Hagamos la diferencia

¿Legislar? ¿Para qué? ¿Para quién?

Samuel Reyes Gómez samreygo@yahoo.com

El Gobierno de Guatemala es republicano, democrático y representativo. Republicano significa que el poder reside en el pueblo, que lo delega transitoriamente en sus representantes. Democrático significa que el poder es ejercido por el pueblo al emitir el sufragio para delegar el poder. Representativo, porque se eligen funcionarios que representan a un grupo de personas. Estos términos sin embargo son una quimera, pues en Guatemala el poder no lo ejerce el pueblo, sino grupúsculos bien organizados que someten la voluntad del pueblo: crimen organizado que infiltra todas las instituciones del estado, militares ortodoxos que viven en el pasado, empresarios retrógrados que quieren seguir viviendo al esquilmar a sus trabajadores. Y como parásitos, salvo raras excepciones, un grupo de politiqueros que viven de la “ubre estatal”, así como sindicatos que sangran los escasos recursos gubernamentales. Estos grupúsculos eclipsan el trabajo de personas progresistas en cada uno de estos conglomerados, que son los que verdaderamente están sosteniendo el país, y que lo convierten en un estado noble que amortigua perfectamente los distintos problemas, que de no ser por ellos el país estaría hundido en un punto sin retorno.

El sistema cuenta con división de poderes, un órgano administrador: el ejecutivo, un hacedor de leyes: el legislativo y un órgano encargado de aplicar las leyes; el judicial. La subordinación entre ellos, está prohibida. En mí artículo pasado me referí al ejecutivo. En esta oportunidad reflexionaré sobre el Legislativo, uno de los organismos con menor aceptación en la ciudadanía. El congreso, se ha convertido en un verdadero espectáculo circense, al estar controlado por un grupo de la vieja política, que se han enquistado dentro del hemiciclo y han sometido casi de inmediato al orden a los nuevos diputados en quienes el pueblo esperaba una actitud de cambio. Es notoria la forma antojadiza en la aprobación de leyes, que responden a intereses particulares, llegando al extremo de aprobar leyes en plena jornada nocturna como ocurrió en la vigilia en la que se aprobó el presupuesto del 2020, que luego ante el clamor popular, corrieron a anular. Este organismo intenta retorcer leyes que menoscaban lo poco conseguido en aras de la transparencia como la de acceso a la información pública, o de otras en donde hay intereses particulares como la iniciativa de modificación de la ley orgánica de la ENCA. Literalmente se han hecho los locos con la elección de cortes, Aida Ibarra considera que “los congresistas involucrados en actos de corrupción necesitan garantizar impunidad al retrasar la elección de cortes”. El Congreso goza de una aceptación incluso menor a la que se tiene a la Policía Nacional Civil y al sistema judicial. En las últimas legislaturas se ha observado que este organismo es cada vez menos productivo, al cumplir sus atribuciones con menos responsabilidad. El número de días sesionados y decretos emitidos ha bajado considerablemente, interpelaciones y citaciones sin sentido estancan la agenda legislativa y son evidentes los casos de tráfico de influencias y plazas fantasmas que han salido a luz, pareciera que es un lugar para trámite de plazas y autorización de fondos, a cambio de oscuras subordinaciones. Los diputados electos como representantes de los votantes, no trabajan por interés a la sociedad y por lo mismo han perdido credibilidad ante ella.

Deben poner sus barbas en remojo, el hastío del pueblo de Guatemala respecto a este organismo del estado está llegando a su límite, y quizá ahora querrán exigir cambios significativos en este poder del estado. Deben reflexionar y cambiar, si es que no quieren pagar las consecuencias, ¡las convocatorias a las plazas van en ese camino!