Por la libertad

Ley para callar a las ONG

La semana pasada fue una triste semana que atentó contra la Libertad. Una iniciativa de ley (la 5257) de lo más violatorio de los derechos individuales fue aprobada por una mayoría de diputados del Congreso de la República, convirtiéndose en el decreto 4-2020. Este decreto no solo le da más injerencia al Ejecutivo, sino al gobierno en general para poder intervenir o incluso cerrar alguna ONG (Organización No Gubernamental) a discreción.

Al cuestionarles a los diputados que apoyaron esta iniciativa de ley simplemente respondían que lo que buscaban es que las ONG rindan cuentas y que exista transparencia. Pero ¿no está esto normado ya por las leyes del país y por nuestra Constitución? Claro que sí. Una ONG actualmente debe ser transparente y debe rendir cuentas, no solo a sus donantes, sino que debe cumplir con las leyes del país en cuanto a declarar sus ingresos y gastos. Si alguna no lo hace ya está sujeta a sanciones que existen en las leyes actuales. Por lo tanto, esto no es ninguna justificación.

Al preguntar sobre el poder discrecional que ahora tiene el Ejecutivo para cerrar una ONG, simplemente desviaban el tema, indicando que era para aquellas que cometían algún acto reñido con la ley; es decir, algún delito. Pero, de nuevo, ¿no está esto ya normado por nuestras leyes? Claro que sí. Cualquier persona o entidad privada o pública que cometa algún delito debe ser denunciada y sometida a la justicia para aclarar su situación. No veo ninguna justificación para otorgarle este poder absoluto al Ejecutivo y al gobernante de turno. Me imagino que si el gobernante de turno es de una ideología determinada puede comenzar a cerrar ONG de la ideología contraria. De la misma manera existen ONG de diferente índole que podrían ser censuradas y clausuradas si el gobernante de turno tiene una visión contraria a la de estas ONG.

Yo participo en algunas ONG denominadas Think Tanks (tanques de pensamiento). En mi experiencia, pertenecer a estas instituciones ha sido un honor, pero también oneroso, pues no solo llega uno motivado y apasionado por las ideas que quieres defender y difundir, sino que además lo haces ad honoren, y encima terminas donando parte de tus ingresos, por puro convencimiento y voluntad propia. Todo el tiempo estamos buscando fondos para poder seguir con nuestra misión. Y lo hace uno con mucho cariño y entusiasmo, pero es desgastante. Además, tienes que llevar toda la papelería al día, reportar mensualmente a las entidades del Gobierno, pero sobre todo, y más importante para mí, rendir cuentas a nuestros donantes.

No me parece justo que ahora se nos exija más y se nos deje a la discreción de un gobernante que por cualquier capricho podría cerrarnos. Esto no es cuestión de transparencia, sino de otorgarle un poder absoluto a una persona. Justo lo que hizo Chávez en Venezuela y que siguió con Maduro. Así eliminaron de tajo cualquier oposición que no les convenía.

Es verdad que hay ONG que ni siquiera están inscritas, que se usan para estafar a la gente, que se dedican a actos anómalos (me viene a la mente ahora el robo de energía eléctrica), que sus formas de actuar son violentas, cometiendo delitos demostrados, etc… Para esto ya existen las leyes y es cuestión de aplicarlas sin temor. No se necesita restringir la libertad de asociación, ni de constitución de cualquier entidad privada, de ONG (independientemente de la ideología que sea), ni otorgarle poderes absolutos al gobernante de turno.
Este decreto es inconstitucional, es una aberración y un atentado contra la libertad. No debe ser sancionado por el presidente de la República. Debe ser rechazado.