A la abogada Claudia González Orellana no la encarcelaron por el delito de “abuso de autoridad” como anunció la Fiscalía. La detuvieron y la mantienen en prisión como represalia por su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), donde litigó casos de alto impacto y por la impecable defensa que encabezó en los procesos de criminalización en contra de 12 exoperadores de justicia que están siendo perseguidos —como ella— por el MP de Consuelo Porras.

El caso que se sigue en su contra responde al mismo patrón de criminalización que ha sido recurrente en las causas penales contra exfiscales, exjueces y exjuezas, y exabogados e investigadores de la Cicig: i) parte de una denuncia sin sustento; ii) se tramita en tiempo exprés; iii) lo conoce un juzgado afín al MP y a los querellantes adhesivos que accede a todas sus peticiones; iv) se declara el expediente y las audiencias bajo reserva; y v) se utiliza como argumento para dictar prisión preventiva el “apoyo” que las personas expresan a quienes están siendo perseguidos injustamente.

A esto obedece la resolución que el juez Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, tomó al final de la audiencia de primera declaración de la abogada González que, dicho sea de paso, se alargó durante casi un mes por razones espurias y en clara violación a lo que establece la Constitución y el Código Penal. Pero como aquí no se trata de aplicar la ley, sino de retorcerla, hasta que una sala de Apelaciones le ordenó a Bremer finalizar la audiencia, este terminó con el retraso malicioso.

Aunque no se conocieron sus argumentos porque prohibió el ingreso de los medios de comunicación al Juzgado, sí se supo que el juez —consagrado nacional e internacionalmente como actor corrupto y antidemocrático, al igual que Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso— envió a prisión durante tres meses más a Claudia González, tras ligarla a proceso por el delito de abuso de autoridad, tiempo durante el cual sus “amigos” del MP deben “ampliar” la investigación.

Inaudito el tipo penal por el que se acusa a González, siendo que —como explicó uno de sus abogados— ella nunca fungió como funcionaria pública, sino como mandataria de la comisión internacional y, por lo tanto, no se le puede procesar por un delito que solo cometen los funcionarios públicos. Pero como la denuncia en su contra provino de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Aída Stalling Dávila, quien fue procesada al intentar presionar al juez Carlos Giovanni Ruano para que otorgara una medida sustitutiva a favor de su hijo señalado en un caso de corrupción, no extraña que la causa prosperara con un MP y un sistema judicial capturado por las mafias.

Al final se trata de alargar hasta el infinito el encarcelamiento de personas inocentes y enviar un mensaje “ejemplificante” contra todo aquel que desafíe el sistema de corrupción e impunidad que nos han impuesto. Ahí tienen ustedes a la exfiscal Virginia Laparra y al periodista Jose Rubén Zamora, encerrados bajo un régimen de aislamiento, mientras funcionarios corruptos reciben medidas sustitutivas o sus casos son sobreseídos.

Claudia González es una abogada íntegra que decidió poner su talento al servicio de la lucha contra la impunidad en Guatemala y que, a pesar de saber que la defensa de sus colegas criminalizados representaba una amenaza a su libertad e integridad, no dudó en asumirla y evidenciar la captura y podredumbre del sistema. Lo que está viviendo hoy es la represalia por su trabajo y por su compromiso inquebrantable a favor de la justicia; por eso exigimos su inmediata libertad y el cese del uso malicioso del Derecho Penal para castigarla.