Votamos a partidos políticos y son ellos quienes previamente confeccionan las listas de los diputados y los colocan en el orden que consideran oportuno. De esa cuenta —y teóricamente— la curul es del partido porque establece el listado en que figuran los elegibles y recibe el voto del ciudadano, aunque en la práctica no sea así. Para corregir ese control partidario absoluto, hay propuestas de abrir las listas y que cada votante elija al candidato que desee, aunque desconozco si serán nuevamente los partidos políticos quienes los propondrán en esta alternativa o se permitirá un listado infinito con todo aquel que desee participar. En ambos casos, creo que se dialoga en los extremos y no se llegará a solución equilibrada.

Los partidos políticos son organizaciones que median entre los ciudadanos y el poder político o que implementa su programa de gobierno si son elegidos para ello. En democracias modernas han sido de utilidad y generado una institucionalidad que redunda en beneficio del ciudadano al implementar el programa ideólogo que proponen. Otra cosa es que en ciertos lugares se hayan prostituido, lo que no anula el principio general indicado. Por ello, es necesario encontrar un equilibrio y tanto el voto directo como el voto al partido podría ser una mejor solución que optar por uno u otro en exclusividad. Se puede buscar una formula —dentro del marco constitucional— en la que los diputados nacionales sean elegidos por lista de partido y los distritales uninominalmente. O bien, que algunos de los distritales —para compensar— sean también elegidos por partido y el resto nominalmente, buscando un equilibrio numérico entre unos y otros, de forma que el partido político no acapare la totalidad —como ahora— ni el voto abierto anule la esencia de aquellos.

Establecido lo anterior, habrá representación partidaria nacional y distrital y representación distrital y territorial personalizada, lo que generará un mayor equilibrio de poder al diluir aplanadoras que han mostrado absolutamente perversidad. Además, se debería exigir que los diputados distritales —electos en listas abiertas o por partido— hayan estado censados en dicho distrito al menos los últimos cinco años previos a la elección, o período de tiempo similar que impida o dificulte el oportunismo en función del interés político o personal del candidato.

Hay que sumar a lo anterior la necesidad de incluir como opción de voto el concepto “No voto por nadie”, para que el ciudadano, inconforme con todas las candidaturas, pueda manifestarse y se pueda hablar de “elección” y no de “selección”. El “voto por nadie” dejaría vacantes las curules que correspondan a su conteo, lo que podría impedir mayorías cualificadas o que requieran un número de diputados que quizá, al haber curules vacías, no se alcance, que sería justamente el reflejo de la representación democrática.

En definitiva, la elección —no la selección— supone la capacidad del ciudadano de votar por quien desee, y cuando aquello es imposible, al menos es conveniente establecer una fórmula que permita disentir con los listados propuestos, evitando así la promoción de vehículos electorales y no partidos políticos con programas de largo plazo.

El reto está en ver si eso se puede conformar alejado de los extremos y evitar que se siga utilizando el partido y su financiamiento como un elemento para llegar al poder a través de una inversión que luego se rentabiliza a través de la corrupción o el nepotismo.

El marco teórico está suficientemente definido, los detalles se pueden complementar en pocas semanas y falta, como siempre, la voluntad de hacer la cosas y el carácter necesario para exigirlas por parte de la ciudadanía.