El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tiene en sus manos una elección cuyas bases, como nunca antes, deben ser la lógica y la ética, además de la legalidad, y por ello sus integrantes deben pensar de la misma forma como lo hacen quienes no ejercen el Derecho: lo legal no necesariamente es sinónimo de lo correcto. Ese pensamiento lo tiene la teoría clásica, preparada desde hace un poco más de dos mil años, pero por infortunio lograr algo incorrecto o ilógico con base en subterfugios legales también es muy antiguo. La diferencia en la Guatemala actual radica en el porcentaje de casos de incorrecciones legales, pero también de decisiones muy cuestionables y hasta sospechosas de jueces, magistrados y cortes. Todo esto desprestigia al gremio.

En la actualidad, como consecuencia de la facilidad del conocimiento general de las decisiones de los jueces, es fácil llegar a conclusiones sobre las causas de los dictámenes. Esto es sobre todo claro en los casos de asuntos relacionados con la política en cualquiera de sus manifestaciones, en las relaciones entre diversos grupos sociales –empleadores y empleados, hombres y mujeres, etcétera-. En el caso de la Guatemala actual, es cada vez más notoria la indudable influencia de la corrupción en todos los ámbitos nacionales. En el sistema judicial es doloroso ver a la ley usada para causar daños, pero son peores las evidentes intenciones de grupos de presión, sobre todo politiqueros, por asaltar los poderes del Estado para convertir al país en un terreno exclusivo de maleantes.

Ante lo grave de los posibles resultados en la Corte de Constitucionalidad, algunas voces dentro del gremio de juristas se han elevado para instar a los miembros del CANG de asistir a votar. Solo llegó el 25% de los miembros. El resto, de hecho, votó a favor al no presentarse. Dicha ausencia puede interpretarse, puesto que lo es, como una falta de escrúpulos, porque surgen las dudas sobre si algo es bueno o no. Y también como falta de ética, lo cual deriva necesariamente en una falta de moral; es decir, lo referente a las acciones que emergen del fuero interno de las personas en su relación con el bien y el mal, no con el orden jurídico. Es el caso en el cual la confrontación entre lo correcto y lo legal debe ser ganada por lo primero, para salvar el prestigio de lo segundo.

En el caso de los candidatos, participar y ganar cuando no se llenan los requisitos del espíritu de las leyes no permite éticamente justificar ese resultado. Defenderlo constituye un apoyo, aunque quien lo haga no se dé cuenta. Quienes aprovechan la ley para justificar acciones incorrectas ponen como pretexto legalista la aplicación literal de las leyes. Y en un país donde cada vez es más clara la captura de instituciones por personajes impresentables, por decir lo mínimo, el resultado de actuar, y sobre todo pensar, de esa forma es el derrumbe ya oficial y definitivo del sistema jurídico del país, con todas sus consecuencias, en una fecha difícil de predecir pero sin duda cercana, en vista de los pactos de corruptos en muchos sectores de la sociedad.

Por supuesto, estos criterios parten de afianzar en los estudios universitarios de los abogados las cátedras de Filosofía del Derecho, como técnica para hacer posible la coexistencia humana y ser la fuerza para garantizar la realización de las normas legales. Asimismo, la impartición de clases de Ética, para conocerla como ciencia del objeto o motivo del Derecho, para lo cual es básica la comprensión del bien, específicamente cuando beneficia a más personas y al mismo tiempo defiende al individuo. El subdesarrollo nacional tiene la lamentable característica del desconocimiento o, peor aún, el desprecio generalizado por estos criterios. Pero los abogados son capaces de entenderlo, y sobre todo de actuar sobre estas bases, ante en desprestigio actual del gremio.