Es necesario conocer criterios válidos y sobre todo lógicos para entender las leyes del país, su interpretación y aplicación, así como las ocasiones donde ocurren abusos, burlas o desobediencias. Se debe comenzar con la Constitución, documento base del Estado como garante del bien común, y debe continuar con las Cortes de Constitucionalidad y Suprema de Justicia. En la actualidad la interpretación de las leyes ha sido numerosa y muchas veces contradictoria. Encontré un texto escrito por el abogado José Quesada Fernández, cuyo conocimiento profesional en su larga trayectoria es innegable y su experiencia incluye haber sido presidente de la CSJ y catedrático universitario. Es sólida base legal de sus criterios, además basados en impecable lógica.

Según el autor, las cortes constitucionales “tienen como razón de ser defender lo que las leyes defienden, no las leyes en sí”. Es destructivo violar la Constitución porque se viola el propósito de la sociedad. La lógica del razonamiento sigue: romper las leyes ordinarias “afecta a unos pocos”, pero romper el objetivo social tiene efecto para toda la sociedad. Quebrar una norma de rango superior disminuye el valor de todas las demás, y esto es especialmente válido cuando lo ejecuta alguien sin sufrir consecuencia alguna, o sea queda impune, y “peor aún, cuando lo ejecuta la propia autoridad. Es inaudito, porque está allí precisamente para la conservación de la norma suprema, es decir la Constitución. Si esto ocurre, los efectos de su quebrantamiento son mucho más graves”.

Las “resoluciones violatorias a la Constitución” castigan esa ausencia de la defensa del bien común, y tratan de asegurar “que las cortes no traicionen los principios o no persigan las finalidades supremas constitucionales”. Se castiga “la destrucción de la estructura fundamental del Estado” porque ese irrespeto devalúa la Carta Magna. Del texto comentado sobresale “algunos se atreven a afirmar que los miembros de la CC deben ser inmunes. Qué paradoja que quienes tienen la obligación de velar por la permanencia y acatamiento de la Constitución sean inmunes a la ruptura social por el incumplimiento de sus obligaciones. Pierden valor los principios de ‘nadie es superior a la ley’, la absoluta sujeción a la ley de los funcionarios públicos y de la responsabilidad por infracciones en el ejercicio del cargo” y —me parece— hay impunidad porque los jueces son parte.

Las reflexiones del autor continúan, al decir “la violación constitucional por la CC de inmediato se contagia a la Corte Suprema de Justicia y las restantes cortes y tribunales. La norma violada pierde categoría y valor, junto con las restantes. Si esta violación se hace periódicamente, los efectos serán sentidos por toda la población”. “Puede perderse el período constitucional, el principio de la alternabilidad en el poder” y la sociedad se “sujetaría indefectiblemente al desorden y el caos”. A mi juicio —paralelo al ámbito del Derecho, pero sí integrado a su principio filosófico fundamental, la ética como fuente de decisión— este texto permite al ciudadano común entender cómo las leyes en un número muy elevado de casos buscan la corrección por medio del sistema jurídico.

El tema, como es claro, tiene mucha actualidad. Desde hace tiempo ha sido tristemente común buscar la interpretación retorcida o la burla de la Ley, así con mayúscula, con el resultado del rechazo de muchos ciudadanos al sistema jurídico, no a quienes lo afectan. La interpretación constitucional es válida e indispensable, pero debe estar basada en la lógica y corrección presentes en el ciudadano común. Es una forma simple pero muy efectiva de desmotivar la corrupción en el valioso campo jurídico. Una sociedad con desconfianza a sus leyes, sobre todo cuando está plenamente justificada como es por desgracia el caso de Guatemala, tiene valladares imposibles de salvar y es tarea de los ciudadanos y jurisconsultos poner de su parte para terminar esta tragedia.