Nadie puede oponerse a la necesidad de acabar los abusos de toda índole contra la mujer y todo tipo de irrespeto a ella como persona, por tanto con derecho a tener derechos, muy difícil de lograr debido al machismo, común y aceptado en nuestra sociedad. Las acciones con tal fin necesitan cuidado para no ser contraproducentes y fomenten esa lacra, de efectos negativos cuyos resultados afectan a toda la sociedad. La manifestación del Día de la Mujer, el miércoles pasado, fue contraproducente por su inaceptable motivación politiquera, las organizadoras no detuvieron la violencia criminal y hubo pancartas con consignas. Eso eliminó la necesaria espontaneidad.

Una manifestación o un mitin políticos con participantes uniformados en su ropa o pancartas despierta sospechas. Las organizadas debían haber controlado la participación e impedir gente con capucha y objetos contundentes. No lo hicieron. Por eso, al surgir la planificada violencia encapuchada, se convirtió en una acción cuasi-terrorista al amenazar la vida de inocentes clientes presentes en la panadería San Martín, daños a las paredes, rotura de vidrios y ataques incendiarios a causa de ese vandalismo. La iglesia de Santa Catalina también fue atacada. Gracias a los videos se puede identificar a las dirigentes.

Las autoridades deben investigar de oficio y emplear como prueba esos videos, ya sea de transeúntes, noticieros televisados y víctimas aterrorizadas dentro de la panadería al ver el ataque. Las manifestaciones deben ser autorizadas a personas responsables si hay muertos, heridos y daños a vehículos, casas y comercios. Nadie en su sano juicio o sin motivaciones ocultas puede aceptar esta violencia. Quienes la organizaron deben conocer su culpabilidad de este atraso a la aplicación de estos Derechos Humanos. Ahora les queda, como mínimo, pedir disculpas a las mujeres afectadas, es decir todas.

Alcaldes, ecología e historia

La autonomía municipal, a mi juicio, necesita una revisión. Los alcaldes necesitan de pocos votos para llegar a sus puestos, lo cual aumenta el riesgo de autorizaciones de obras inconvenientes para los municipios e incluso para el país. Hay varios casos emblemáticos: en el municipio de Antigua hay 38,500 empadronados; la mitad del número de Chichicastenango. Debido a esto, las aldeas alrededor de las ciudades deciden la elección. Víctor Hugo del Pozo ganó por el 18% de los votos, de 31 mil posibles, es decir 5,600. Neto Bran, en Mixco, ganó con 74 mil votos, en ambos casos debido a tantos aspirantes.

Del Pozo está empeñado en destruir la esencia histórica de la ciudad. Su última decisión fue “arreglar” el parque del Cerro de la Cruz, y la obra se derrumbó a los pocos días. Acaba de pavimentar el camino a una aldea, y pintarla de azul brillante. Bran, en Mixco, está acusado por vecinos de participar en la autorización de varias altas torres de apartamentos en el cerro Alux, área nacional protegida, donde hay varios manantiales de donde se obtiene parte del agua capitalina, además de aumentar el ya insufrible tránsito vehicular. Desde hace semanas los vecinos afectados han organizado protestas muy justificadas.

En todo el país hay casos de decisiones ediles cuestionables, negativas o absurdas. Los casos mencionados afectan el medio ambiente, el turismo, la economía, la comodidad, la tensión de los ciudadanos, la belleza del entorno y la seguridad. Los talados bosques han dado paso a colonias situadas a imprudente distancia de las orillas de los barrancos. Los 74 mil votos de Mixco y los apenas 38 mil de La Antigua provienen de ciudadanos desconocedores de los planes reales de esos jefes ediles, sus compromisos ni el origen de los fondos de las campañas. Como consecuencia de ello, la autonomía debe ser enmarcada, no eliminada.