La idea de Derechos Humanos no puede jamás ser rechazada, porque en su concepto implica a aquellos inherentes a todos los integrantes de la raza humana, quienes a causa de ello están unidos de manera inseparable. Sin embargo, por razones prácticas necesitan ser divididos en áreas, debido a lógica simple: si no se les limita y separa, el concepto simple puede llevar en esa unidad a extremos no solo inconvenientes para la sociedad, sino hasta contrarios a su supervivencia y la de la misma raza humana. En otras palabras, no son indivisibles y hacerlo irónicamente ayuda a no perder el apoyo y sobre todo la comprensión de todos los miembros de algunas de tales divisiones.

En Guatemala, las decisiones tomadas por entidades internacionales de derechos humanos son superiores a la misma Constitución. Se decidió así desde 1986, y por ello no se puede señalarlos como una treta de cualesquiera de los gobiernos siguientes. Pero se abre la puerta a la discusión jurídica acerca de los límites y aplicaciones de la soberanía, o sea el derecho político de cada país de tener sus propias leyes internas y las de aplicación en el campo internacional, cuyo cambio tiene formas también legales de hacerlo. Analizado con criterios de 2023, la explicación puede ser equivocada o falsa, porque el ambiente mundial al respecto del alcance y significado de un concepto así de simple, fuera de dificultades y complicaciones. Pero realmente es muy complicada.

Vale la pena recordar el espíritu de esa decisión. Guatemala había pasado por un largo período de violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado. Las causadas por grupos insurgentes, por tanto extra Estado, no estaban incluidas en la ley, aunque sí en el segmento poblacional de las víctimas de iguales violaciones. Esto provocó la creencia de ser un tema sólo aplicable a uno de los lados. Aun con ese error, sin mala intención, el concepto funcionó y con el tiempo fue cuajando en buena parte de la población, aunque por razones distintas. Todo empezó a cambiar cuando casi todos los daños producidos por gobiernos militares, paulatinamente empezaron de nuevo en los regímenes generados en elecciones relativamente libres encabezados por civiles.

Fue un error renunciar al derecho del país de tener soberanía propia y cederla a un ente internacional, aunque fuera sólo en referencia a gobiernos militares, a quienes se les prohibió participar como candidatos hasta pasados cinco años después de su último cargo militar. Tuvo efecto contraproducente cuando los partidos se multiplicaron como moscas y sobre todo por los efectos de la ideologización. Al ser malos los efectos, de tal renuncia se abre el dilema de qué hacer cuando entre las docenas de partidos el Estado llega a convertirse en uno de ellos y quienes lo integran descubren de pronto un “problema” de la Democracia, respecto a los órganos del Estado, ya convertidos en instrumentos para poner zancadillas a todo adversario político, por el simple hecho de serlo.

Ante este panorama, surge la duda de qué hacer. Sócrates, cinco siglos antes de Cristo, se envenenó por orden de un sistema legal injusto y, en términos de hoy, violador de su derecho humano supremo: el de la vida. Y lo hizo a conciencia, para no traicionar a sus ideas. Mientras estuvo vigente, la obedeció. En los derechos humanos, esto no debería aplicarse, pero ello obliga a abrazar criterios filosóficos distintos. La gravedad de lo acontecido en Guatemala aumenta la incertidumbre respecto a quién recibirá la presidencia –no solamente ganará las elecciones—. Por eso el próximo 20 de agosto, dentro de 18 días, Guatemala será una playa donde todos los guatemaltecos —votantes o no— harán con la espada de su voto una profunda línea en su arena.