Asistí a un coloquio en el que expertos politólogos hicieron un balance de las recientes elecciones y expusieron diferentes escenarios de lo que puede esperarse en el espacio político en 2024 y más allá, seguido por un diálogo con los asistentes. Me llamó la atención que, en la discusión sobre la posible configuración de fuerzas políticas en el futuro del país, surgiera la descripción de un gobierno con capacidad para “maximizar el bienestar de la sociedad”. A primera vista y sin profundizar, puede parecer atractiva la idea de un gobierno dedicado a maximizar el bienestar de la sociedad; visto con otro lente, es un concepto quimérico.

Resaltan dos formas fundamentalmente diferentes de entender el papel del poder político en la sociedad. Una de estas formas identifica el gobierno como eficaz y apropiado instrumento para “resolver los problemas sociales”, un motor de bienestar. Otra le asigna principalmente la responsabilidad de asegurar y proteger los derechos de las personas. Estas dos formas son de alguna manera incompatibles; la primera terminará por socavar la segunda. Varían de grado, pero no de clase; tomando licencia de simplificación, representa la diferencia esencial entre izquierda y derecha.

A lo largo de la historia gobiernos han privado a las personas de sus derechos con más frecuencia de lo que los han protegido. Por muchos siglos y en todas partes del mundo, la sociedad estaría para servir al poder, no el poder para servir a la sociedad, aún con la provisión de Hobbes que la utilidad de vivir bajo un máximo depredador es la protección de otros depredadores. Es en los últimos tres siglos que cobra vigencia el paradigma de los derechos inherentes a toda persona y de un gobierno como su garante. John Locke y otros filósofos afirmaron que el propósito y legitimidad del gobierno se fundamenta en la protección de los derechos naturales de las personas. La original visión minimalista del contrato social ha sido radicalmente alterada, tanto por la ampliación de lo que constituyen derechos humanos, como por la idea que el estado es una especie de ingeniero del progreso social.

“Aquellos que renuncian a la libertad esencial para obtener un poco de seguridad temporal, no merecen libertad ni seguridad”, es una célebre frase de Benjamín Franklin; una versión de ella está inscrita en la Estatua de la Libertad. La escribió en un contexto diferente al que se suele usar para describir el delicado balance entre el natural deseo de tener seguridad y el poder que se entrega para obtenerla. Benjamin Witte señala cómo esta frase habla de la gran verdad sobre la constitución del gobierno civilizado moderno que empoderamos a gobiernos para protegernos, en un pacto con el diablo del cual en el largo plazo saldremos perdiendo. Está en la naturaleza del poder servir a sus propios propósitos.

El domingo pasado asumió Javier Milei como presidente de la República de Argentina. En la cobertura mediática, las palabras que más se asocian con este personaje son “extrema derecha”. No es derecha a secas, sino extrema, que lleva una carga negativa. Un aspecto interesante del triunfo de Milei es que ganó por proponer lo que el gobierno debe dejar de hacer, en vez ofrecer tantas cosas que el gobierno hará por las personas. Creo que Milei es de esa derecha que ve en el gobierno un garante de derechos fundamentales, no un ingeniero social, así de simple. En la práctica esto no significa que Milei pueda desmantelar el estado clientelar argentino y desarmar a su poderosa oligarquía política; pero representa un refrescante cambio de mentalidad.