El exembajador estadounidense Stephen McFarland, en una entrevista de la semana pasada, explicó dos temas importantes acerca del retiro masivo de visas. Por su experiencia, es una voz autorizada aunque no necesariamente oficial, pero útil para permitir a los guatemaltecos comprender el terreno donde están parados funcionarios y políticos, entre otros. Es una de las grandes talas conocidas de ese documento, al incluir a 110 diputados (el 70% del Congreso) a lo cual se agrega el anterior entierro en la lista Magnitsky del impresentable Miguel Martínez, poderoso personaje receptor del abucheo general de los guatemaltecos, hastiados de los intolerables abusos de un presidente a quien, para beneficio de Guatemala, sólo le quedan 26 días en el cargo.

Según dijo McFarland, el intento de anular la elección provocó el retiro de las visas. Los recalcitrantes se jactan; otros lo consideran error; algunos tratan de corregirlo y cooperan. Si el pacto de corruptos logra anular la elección, el gobierno dictatorial siguiente perseguirá a los opositores y será una dictadura. Es una película que ya vieron los guatemaltecos en tiempos de los militares, y será un golpe de estado contra todo el proceso. Estados Unidos debe responder, pero sobre todo el pueblo, y la Corte de Constitucionalidad, además de las sanciones ya públicas. El golpe avanza, los golpistas del pacto están desesperados. Sus argumentos legales son absurdos pero no les importa. En octubre se vieron obligados a dar un paso atrás por las acciones de los pueblos indígenas.

Agregó: la ley Engel, bipartidista de tiempos de Trump, menciona nombres de gente corrupta. Son afectados el acusado y sus familiares más cercanos. La jactancia es del diente al labio, pero la decisión no es producto de chismes, sino de un riguroso proceso realizado y actualizado dos veces al año por los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro. La ley Magnitsky se llama así en honor a un ruso torturado y muerto en prisión por investigar la corrupción de su país. Es muy duro. Los bancos congelan las cuentas, no pueden dar servicios, créditos, transferencias, etc., para el resto del mundo si pasan por NY. Al estar fundada en informaciones comprobadas del Departamento de Estado sobre corrupción, acciones antidemocráticas o derechos humanos, las empresas no se arriesgan.

En otro tema, el viernes se conoció la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la mina Fénix, de la empresa con sede en Suiza Solway Investment Group, porque Guatemala violó los derechos de los quekchíes en Izabal al autorizar hace 20 años una mina de extracción de cobre en terrenos ocupados por esa etnia desde hace 200 años. Ya dos funcionarios de ésta fueron sancionados por el departamento del Tesoro de EEUU en noviembre del 2022. A causa de haber otros litigios parecidos, es una puerta abierta a otra nueva serie de problemas internos cuyos efectos en el extranjero significarán eliminación de inversiones extranjeras no solo en este controversial tema minero, en un país donde el gobierno —este o cualquier otro— no tiene buen nombre.

Señalo estos dos temas para informar al ciudadano común, no para comentar si son correctas, merecidas, malintencionadas y demás, a lo cual se agrega la seriedad de las acciones tomadas por la Unión Europea. Guatemala está mal vista por acciones recientes o de largo tiempo y se agrega la irresponsable decisión giammateiesca de autorizar un presupuesto absurdo, producto de venganza política aunque se hunda el país. Negarse a entenderlo, más allá de nuestro pensamiento personal, intereses, opiniones o posiciones politiqueras o ideológicas, lejos de ayudar, complica las tareas para sacar a la tierra de todos del agujero negro a donde la han llevado muchos de sus malos hijos.