Como se ha informado por las páginas de la prensa, se ha presentado ante el Congreso de la República una iniciativa para centralizar en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la totalidad de las funciones y actividades en relación con el cuidado y la preservación del medio ambiente que actualmente se desarrollan tanto por el MARN como también por otras entidades del Estado (tal el caso del área forestal, de las reservas de tierras del Estado, de las cuencas de Atitlán y Amatitlán, etcétera).

Sobre este asunto —como en casi todos hoy en día—, lo primero que salta a la mente de muchos comentaristas en medios de opinión y en las redes sociales es la cuestión de ¿cuáles son las intenciones tras esta iniciativa? Vuelvo después a esta pregunta.

Pero también es importante preguntarse sobre la conveniencia técnica de que se dé o no esa centralización de funciones en el MARN. Como es fácil suponer, sobre este asunto se han escrito volúmenes por juristas y politólogos, al igual que economistas y estudiosos de la administración pública. Por consiguiente, no pretendo zanjar aquí esta cuestión.

Conviene mencionar que, en general, las administraciones públicas del Estado moderno nacieron centralizadas. El Poder Ejecutivo del Estado era el centro de dichas funciones y su coordinación se llevaba a cabo en el gabinete de ministros. Como en tantas otras cosas, fue en los Estados Unidos en donde se originaron las “agencias independientes” para la gestión de fenómenos específicos, algunas veces de índole empresarial, otras de tipo regulatorio o por su especialidad (aquí serían ejemplos el Inde, el AMM y el Infom, respectivamente). En materia del cuidado y preservación del medio ambiente, su evolución en Guatemala ha sido parecida. ¿Qué es, entonces, lo que más conviene?

En mi opinión, en este asunto los temas clave son los de la eficacia administrativa (en qué ambiente, si centralizado o descentralizado, se pueden conseguir más eficientemente de los fines deseados), la transparencia (en qué ambiente queda más claro a qué fines se destinan los recursos y cómo se da el proceso de decisión para su asignación) y la rendición de cuentas (cómo responden de sus aciertos o desaciertos en la formulación y ejecución de las políticas públicas respectivas los depositarios de las funciones). El análisis no es sencillo y puede tener consecuencias importantes, para bien o para mal.

Vuelvo ahora a lo de las intenciones. Algunos hay que opinan que los periodistas —no solo en Guatemala— son siempre desconfiados, suspicaces y buscan el lado malo de las cosas porque —así afirman— lo que mejor se vende son las malas noticias.

Esto no es así. El punto es que todo ser humano actúa en su propio interés, incluso los altruistas. Son personas que en su filantropía encuentran una satisfacción personal o que la entienden como un medio oportuno para conseguir ulteriores objetivos. Así, entre dos decisiones, una persona normal en el ejercicio de un cargo público tomará la que le parezca mejor en su situación y circunstancias. Por supuesto, sus escrúpulos éticos juegan un papel importantísimo, pero, dentro del marco de lo que le parezca legal y ético, adoptará las decisiones que mejor convengan a su carrera en la política o en el servicio público. Aquellos cuyos escrúpulos éticos están basados en su propio beneficio o simplemente carecen de escrúpulos, aprovecharán su posición para su propia utilidad. Esa es la realidad y un buen periodista debe tenerla, siempre, muy clara, y escarbar, indagar y cuestionar hasta que se le demuestre que, verdaderamente, se actúa por el bien común.