De vez en cuando se dejan ver campañas de desprestigio contra quienes ejercemos el periodismo o gestionamos medios de comunicación. Los señalamientos pretenden una única cosa: limitar o anular la libertad de expresión y utilizan el miedo, el insulto, la descalificación, el montaje de imágenes o abiertas falsedades. Personajes anónimos o visibles multiplican intencionadamente en redes ciertos rumores o lo hacen sin analizarlos y comprobar la veracidad de aquellos. No deja de ser la adaptación al siglo XXI de aquel grito medieval de “a la hoguera” o “que lo quemen”, producto de un linchamiento moral interesadamente promovido utilizando la ignorancia y el analfabetismo digital de muchos.

Detrás de esas campañas suele haber políticos inescrupulosos que no quieren que sus barrabasadas sean publicadas o delincuentes de cuello blanco que pretenden amedrentar, y utilizan parte del dinero robado para promover este tipo de acciones a través de barriobajeros y mareros de redes, cada vez más conocidos. En el fondo, cuestionan, errónea y manipuladoramente, que cuando en un medio se difunde cierta publicidad está necesariamente condicionado por ello, y se limita en comentarios negativos hacia quienes se anuncian. Aquellos que contemplan el dinero pagado en publicidad como un demonio desprecian a una audiencia mayoritaria y fiel que es capaz de determinar si aquel observa principios y valores deontológicos que lo hacen fiable, al margen de acusaciones interesadas o puntuales de quienes desean desprestigiarlo por intereses ocultos. No obstante, ponen sobre la mesa un debate válido, tal cual es cómo deben financiarse los medios de comunicación, pero desde un punto de vista manipulador y coercitivo.

Un medio —casi todos— es un modelo de negocio que se alimenta de sus anunciantes. Por tanto, sin publicidad, no hay medios financiados por clientes y queda únicamente otro modelo: el financiado por una o varias entidades o personas. Este último caso incluye a aquellos medios —hoy desaparecidos— que creó en su momento Baldizón con el fin de denigrar a quien se le atravesaba y contar con un sistema para mentir a discreción e ingresar dinero público si llegaba al poder.

Lo que un medio nunca debe hacer es amarrar su editorial o discusión a las exigencias de quienes se publicitan en él o son sus financistas. Esta independencia, y no otra, es la clave de la credibilidad, a la que se une la pluralidad y la transparencia. No se puede negar que haya personas o publicaciones que difunden aquello que decide quien paga, tal cual hay abogados de “único cliente” adscrito al crimen organizado o al narcotráfico. Es más, hay quienes pagan para que justamente se publique lo que ellos desean, sin contraste, análisis ni búsqueda de la verdad, y eso es lo condenable. Quienes orquestan campaña de desprestigio actúan exactamente como pretenden señalar de quienes critican. Son pagados para poner falsedades, medias verdades o montajes, y suelen acusar a los señalados de “faferos”, acción que justamente ellos realizan, desde el anonimato o perfiles falsos creados expresamente para tal fin.

Vivimos en tiempos de tecnología y prisa en los que muchos creen que todo lo que se publica es cierto, y ceden su razón y criterio, sin advertir —aunque con poco esfuerzo pueden hacerlo— que son utilizados, manipulados e incorporados a un círculo vicioso. Las redes nos exigen ser más cautos y estar mucho mejor informados, justamente para salvaguardarnos de quienes pretenden confundir. Si quiere ser libre y aportar al debate, promueva medios creíbles y confiables, y cuestione o rechace fuentes anónimas, desconocidas y no identificadas. De lo contrario estará siendo cómplice de oscuras intenciones o lo estarán utilizando.