La violencia, como prerrogativa del Estado-nación, comenzó a ser objeto de análisis desde la filosofía política —y no únicamente desde la visión hobessiana—, hacia finales del siglo XVI y comienzos del XVII.
Uno de los primeros cometidos atribuidos al Estado moderno es centralizar el poder para evitar en la sociedad múltiples centros de poder en permanente rivalidad con uso de armas o derramamiento de sangre. El poder central actúa como único y exclusivo administrador de la violencia, a la vez que despoja a los individuos y grupos de su uso, con el objetivo de combatir la que ellos ejercen, evitar que tomen la justicia por su mano y asegurar un orden social. En general, desde la dictadura hasta la democracia liberal se acepta que la fuerza, como elemento de coacción, debe ser únicamente aplicada por parte del Estado, de ahí que el ordenamiento jurídico —sin importar el país— regula y limita el recurso a la violencia por parte de individuos particulares o grupos. Los dramáticos sucesos acaecidos días atrás en Nahualá traen a colación este tema.

Se atribuye a un secretario general del partido comunista español la frase “La democracia es el sistema que más autoridad requiere”, refiriéndose a que las reglas de convivencia pacífica para vivir en democracia deben ser observadas y aplicadas permanentemente y, por lo tanto, requieren de una vigilancia continua por parte del Estado, que es el encargado de preservarla. Sin embargo, cuando el Estado es incapaz —o se desentiende— de velar por el estado de Derecho, es evidentemente que la democracia está en riesgo, por lo que se acepta la necesidad del uso legítimo de la fuerza, en un marco justo y éticamente correcto. En el ámbito internacional, el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas contempla precisamente ese principio, al darle vida a la imposición de la paz —peace enforcement— como herramienta de solución de conflictos en los que se amenace la paz internacional.

De esa cuenta, es inadmisible lo ocurrido reiteradamente en Nahualá en las pasadas semanas. La primera vez, cuando fueron vilmente asesinadas varias personas, la mayoría iba a recoger su cosecha. En otras ocasiones, efectivos policiales y militares —además de funcionarios del MP a quienes “protegían”— fueron brutalmente agredidos por ciudadanos y grupos armados que ocasionaron varios heridos y un policía asesinado, y “les hicieron” abandonar la zona. Si el Estado, encargado del monopolio de la fuerza, cede espacios o territorio nacional a grupos armados, comete un abandono de funciones y deja indefensa a la ciudadanía, por lo que se convierte en cómplice de esos episodios de violencia.

Además, socialmente se produce un efecto de transvaloración que invierte los valores y termina por catalogar de “buenos” a quienes violentamente rompen el orden público y de “malos” a quienes tienen el deber constitucional de restablecerlo, lo que se ha podido ver en diferentes ocasiones, cuando se ha animado y aplaudido la violencia contra policías o militares. Violencia es estar en posesión de armas ilegales, violencia es usurpar propiedad privada, violencia es amenazar a las fuerzas de orden, violencia es imponer que unos tienen más derechos que otros, violencia es echarle la culpa a quienes responden ante la violencia y no a quienes la generan.

Nos queda mucho sobre lo cual reflexionar, y exigirle al Gobierno que adopte la postura correcta y legal para garantizar la seguridad y la disuasión. Ignorar determinadas situaciones o justificarlas de cualquier manera nos aleja de bases democráticas y pone en peligro la vida de todos, además de incumplir un principio básico: “la responsabilidad ni se delega ni se comparte, se ejerce”.