El estruendo de las armas de grueso calibre, de uso común entre la criminalidad organizada, es una prueba contundente e innegable de los extremos alcanzados por un conflicto de tierras entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, municipios sololatecos de etnia k’iche’. Iniciado en 1600 durante la Colonia, fue afianzado en 1882, renacido en el 2019 y desbocado el 20 de diciembre anterior con el asesinato a tiros de 13 pobladores catarinecos. El viernes, una emboscada a los efectivos enviados, sin armas y solo con gas pimienta, los obligó a correr por sus vidas. Gobernación informó por error de la muerte de cinco policías y debió borrar ese mensaje. El ministro Gendri Reyes todavía no ha presentado su renuncia, lo cual es un descaro y mancha más al Gobierno y al Ejército.

Este conflicto nunca ha estado en la mira de las autoridades ni de los ciudadanos del país. La emboscada demuestra, lástima, el fracaso de las famosas mesas de diálogo, porque se quedan en eso: diálogo, sin lograr soluciones. Llama la atención la solicitud de los lugareños para instalar un destacamento castrense, y también es explicable el aumento de la violencia desde el retiro de los militares a pesar del estado de Sitio vigente. Es explicable en esta violencia el uso de machetes y piedras, pero cuando hay armas de grueso calibre, de inconfundible sonido al ser disparadas, se demuestra el ingreso de proveedores de armamento, gracias a la total incapacidad del Estado para detener ese contrabando mortal. Ya no es simple conflicto de tierras, sino fuente de desestabilización.

Es necesario detenerse en la información errónea emitida por el Gobierno. Por supuesto, no fue voluntaria, pero sí demuestra la falta de coordinación y línea de mando en los comunicados, fiel reflejo del desorden imperante. Por eso surge la mezcla de estulticia y de incapacidad. El Ministerio de la Defensa tomó una decisión aceptable porque la presencia de soldados, poca duda cabe, habría significado una matanza aun mayor a las anteriores, con el consiguiente aumento de las protestas de los grupos extranjeros usurpadores del verdadero significado de la defensa de los Derechos Humanos. Otra verdadera suerte para impedir peores consecuencias la constituye que se trata de un sesquicentenario conflicto entre los pobladores de dos municipios de una misma etnia.

Lo más importante en este momento es callar a las armas, pues a partir de ahora su tenencia y uso aumentará con la consiguiente complicación, rayana en la impotencia, de terminar con esta tragedia, absurda cuando se le mira con los ojos del desconocimiento y el desinterés por lo ocurrido a las etnias indígenas, aunque esto sí sea importante por sus secuelas. Ya han circulado videos con civiles armados con armamento de alto poder, disparando a las órdenes de quien los manda, parapetados en una pequeña ladera mientras disparan. La existencia impune de este tipo de gente armada, si no es ya una sólida prueba de la presencia del narcotráfico, sí lo es del riesgo de su formación como autoridades de hecho, sobre todo en los municipios del interior del país.

La segunda acción es llamar a las autoridades ancestrales, no solo k’iche’s sino de otras etnias, para emplear su poder de influencia por la paz de esos dos municipios sololatecos. Y la jerarquía religiosa y las entidades de la sociedad civil relacionadas con la realidad indígena nacional también tienen una obligación. Todo, sin evitar la presencia de la autoridad nacional y la realización de las acciones permitidas por las leyes del país. Se debe buscar arreglo al traslado de la cabecera de Santa Catarina Ixtahuacán a terrenos de Nahualá, a causa de los daños causados por la última tormenta. Es tarea compleja, urgida del trabajo de personas solo interesadas en terminar con una confrontación agregada a los graves problemas de todo tipo presentes en Guatemala.