El pasado sábado 30 de noviembre terminó el plazo para que el Congreso de la República aprobara el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el 2020. Lo bueno es que no se pusieron de acuerdo y no se aprobó, lo cual significa que se utilizará el mismo presupuesto aprobado para este año, que ya era un 17.1% mayor al de 2018.

El gobierno gasta mucho, mal y donde no debería hacerlo. Ante esta situación, el presidente electo deberá ser austero, eliminar ministerios, secretarías y dependencias que no son prioritarias y reasignar en la medida en que se pueda el gasto hacia donde urge y corresponde como parte de la función principal de cualquier gobierno, que es Seguridad y Justicia. Todos los pasados gobiernos han querido abarcar mucho. Se han sentido presionados para gastar más y abrir nuevos ministerios y secretarías que drenan los escasos recursos que se podrían destinar a fortalecer el Estado de Derecho. No es posible que en este país tengamos serios problemas de justicia porque no alcanzan los recursos. Los jueces y los tribunales son insuficientes. Los casos duran una eternidad. Tampoco debemos aceptar que la policía no esté bien equipada tecnológicamente para poder ser más efectiva. Y no digamos Inacif, que considero que debe fortalecerse para que los casos que se presentan a los jueces se basen en pruebas reales y evidencias verificadas, en vez de especulaciones y testigos que en muchos de los casos son falsos.

Hace poco se publicó un dato alarmante sobre 37 mil funcionarios públicos que cuando fueron a ser censados no se encontraron en sus puestos de trabajo. Puede ser que estuvieran enfermos o que no llegaran por algún motivo, pero también es posible que entre ellos existan plazas fantasmas. Lo primero que tendrá que hacer el nuevo gobierno es definir exactamente cuántos empleados públicos trabajan para el gobierno y verificar que no existan plazas fantasmas.

Hay un ministerio que hace rato debió desaparecer, es el de Desarrollo Social (Mides). Es pequeño, pero creciendo muy rápidamente. Desde su creación no ha dejado de ser señalado en medios sociales como una institución clientelar y corrupta. ¿Para qué seguir con ese desgaste? Cerrarlo es prioritario. Este año es uno de los que menos ejecución presupuestal llevaba al terminar noviembre, apenas el 61%. El peor es el Ministerio de Cultura y Deportes, con 56%. Es otro ministerio que considero que no es prioritario. Ha dado mucho que hablar sobre corrupción de sus funcionarios. Y la prioridad en un país tan pobre como Guatemala sigue siendo seguridad y justicia, para que puedan venir inversiones de capital que puedan generar más y mejores oportunidades de mejora de nivel de vida para todos los guatemaltecos. Es verdad que el Ministerio de Cultura y Deporte tiene una asignación constitucional, lo cual es una camisa de fuerza, ¿pero para qué darle más? Habría que revisar otros ministerios y considerar su cierre o reducción.

En cuanto a los ingresos tributarios, considero que la meta establecida para este año podría alcanzarse si hay un mayor crecimiento económico. La meta es de Q64 mil millones. Este año, con suerte, terminaremos entre Q61 y Q62 mil millones. Para el 2020 podríamos alcanzar los Q63.5–Q64 mil millones. El resto vendrá principalmente por endeudamiento. El nuevo presidente deberá apretarse el cinturón y reducir el gasto, para evitar que la deuda pública siga incrementándose. El único endeudamiento que vale la pena es el que nos permita sustituir deuda cara por deuda barata y con mejores condiciones y plazos.