Es de sobra conocida la estrecha relación entre la libertad económica y el nivel de prosperidad en las naciones del mundo. Los países con mayor libertad económica son también los más prósperos, con los más altos niveles de vida; los menos libres son los más pobres con los niveles de vida más bajos. Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Chile, Dinamarca, Alemania y Finlandia están a la cabeza de los indicadores de libertad económica y, coincidentemente, de prosperidad. Libia, Sudán, Argelia, Angola, Rep. Dem. del Congo, son algunos de los países donde hay menos libertad económica y también son los más pobres. El progresivo deterioro de la libertad económica en Venezuela en las pasadas dos décadas coincide con el colapso de su economía y la dramática caída en el nivel de vida. No es casualidad, hay abundante investigación que muestra esta relación.

Es importante señalar que la libertad económica no corresponde precisamente al concepto de “poder hacer cualquier cosa” o ausencia de ley. Por el contrario, la auténtica libertad económica requiere un gobierno fuerte que protege los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos, administración de justicia pronta y eficaz y un sistema regulatorio que no obstaculiza y encarece la actividad productiva. En los países más libres y prósperos, los derechos individuales y la propiedad son fuertemente protegidos.

Guatemala tiene una economía relativamente abierta, aunque con algunos talones de Aquiles que representan fuerte obstáculo para su progreso y desarrollo. Lo que es fatal para la libertad económica y, consecuentemente, para la actividad productiva en Guatemala es la baja calidad de administración de justicia y el ambiente regulatorio. El cumplimiento de la ley y hacer valer contratos es lento e incierto y el ambiente regulatorio encarece y paraliza.

El Índice de Libertad Económica del Fraser Institute evalúa cinco áreas; 1) tamaño del gobierno, 2) sistema legal y derechos de propiedad, 3) dinero sano, 4) libertad de comercio internacional y 5) regulación de mercado crediticio, laboral y de negocios. Guatemala tiene el primer lugar en tamaño de gobierno, ya que su tamaño en relación al PIB es pequeño. De 162 países evaluados, Guatemala ocupa el puesto 22 en dinero sano, 39 en libertad de comercio internacional y 26 en regulación de mercados crediticios. Hasta aquí, bastante bien, con condiciones para despegue. Pero tiene la posición 112 en sistema legal y derechos de propiedad, 121 en regulación, contundente 156 en regulación laboral y 116 en regulación de negocios.

De acuerdo con Doing Business, del BM, obligar a cumplir un contrato judicialmente en Guatemala toma, en promedio, 1,402 días, comparado con 519 en Chile, 216 en Nueva Zelanda y 120 en Singapur. No es casualidad que Singapur y Nueva Zelanda están entre los países más prósperos del mundo. Guatemala ocupa la posición 120 de 126 en la categoría de justicia civil, 109 en justicia criminal, 109 en orden y seguridad y 100 en ausencia de corrupción, en el índice del World Justice Program.

No hay misterio; el sistema jurídico y regulatorio y la baja calidad de administración de justicia explican en gran parte la falta de progreso en Guatemala. El país tiene muchas condiciones favorables, así como poderosos y malignos obstáculos. La libertad económica solo produce frutos acompañada de reglas apropiadas y claras, respaldadas por seguridad y certeza jurídica. Simplificar y desentrampar el andamiaje jurídico y regulatorio y sanear la administración de justicia son tareas impostergables.