El decreto 15-2020 es la legislación que impide la interrupción de los servicios básicos de agua, luz, teléfono e internet, pero aún no ha sido sancionado por el Ejecutivo, lo que ha generado fuertes protestas de quienes ven una falta de sensibilidad en el Gobierno, y ha sido usado por la oposición como elemento de desgaste político. Si yo fuera gobierno tampoco lo sancionaría, porque lo que está mal hecho no puede aplicarse; se corre el riesgo de provocar mayores males que los nobles que pretende evitar. En este caso, la mayoría de los diputados aprobaron algo que “sonaba” bien, pero sin un análisis mínimo que hubiera detectado dónde están los problemas que ahora muchos de ellos reconocen, aunque no hacen nada por cambiarlos.

No es de recibo que un proveedor de agua, electricidad, teléfono o internet —póngase en sus zapatos— tenga que pedir un préstamo y correr con el costo de los intereses para financiar un servicio que brinda, no cobra y no puede suspender. Otro contrasentido igualmente incomprensible y criticable es que se otorgan privilegios crediticios para proveedores de agua potable —a través del Crédito Hipotecario Nacional, aunque también con costo sobre el préstamo—, pero obvian al resto de proveedores citados cuya solución tácita es: “búsquense la vida como puedan en el mercado financiero”.

El decreto no prevé solución alguna para que esos empresarios tengan una salida sin incurrir en gastos extraordinarios, y como la ley obliga a proporcionar esos servicios y que el prestador asuma el costo extra, evidentemente será trasladado al consumidor. No hay que doctorarse en economía para comprender ese sencillo y natural fenómeno. Lo que el Congreso hizo —aunque suene raro— es subir solapadamente los precios de los servicios básicos que pretende proteger. Al final la factura será más elevada.

¡Señores diputados, no es responsable legislar así!, y mucho menos culpar luego al Ejecutivo de que no sanciona esa mamarrachada que aprobaron. Queriendo hacer un bien —evitar el corte de servicios básicos en momento de crisis— han conseguido un efecto colateral inverso y preocupante. Si hablan con alguna empresa y pide que analice económicamente su propuesta de ley, verán que en un espacio de tiempo indeterminado —porque no sabemos cuánto durará la pandemia— deben prestar un servicio que no cobran, pedir un crédito para financiarlo y, seguramente, correr con otros gastos producto del pago diferido —de hasta 12 meses— que puede proponer el cliente. El resultado final es que esos sumatorios suponen imprevistos inicialmente no contemplados en los precios, y que habrá que agregar ¿Conoce la respuesta? Se la voy a adelantar: el consumidor pagará más, aunque sea en cuotas. Lo que hicieron fue encarecer los servicios por no ofrecer soluciones, tal cual pudo haber sido una subvención estatal y no este despropósito. No saben cuánto costará todo esto, porque la pandemia no tiene fecha límite; no solucionan el tema del financiamiento empresarial; culpan al Ejecutivo de un problema que los diputados crearon; usan políticamente el tema para sacar tajada de ello y, además, no se reúnen para enmendar esa legislación mal hecha.

Esperábamos que este Congreso fuese diferente. Gente nueva, diputados jóvenes, mañas “superadas”, mucha mayor preparación de la mayoría de los diputados, salida de la vieja guardia, etc., pero pareciera que de momento el pastel se cocina de forma similar. No se pueden aprobar cosas porque suenen bien, sean populistas o estén en la órbita ideológica de cada cual. Hay que leer analizar, y no dejarse llevar por otros, única forma de evitar errores, como este, que compliquen encontrar la solución.