El presidente tiene la rara habilidad de meterse en problemas por su predisposición a hablar sin meditar, hacerle caso a los malos asesores llamados a acompañarlo y a no tomar en cuenta cómo se pueden interpretar sus palabras. Ahora dispuso regañar en público al IGSS, cuyas autoridades ya informaron de su decisión de no contestar, pero en el ambiente comienza a tomar forma la sospecha de un plan para desmantelarlo, lo cual sería una ironía terrible: un humanista lo creó y hoy un médico encabeza el ataque a la entidad encargada de lo poco de seguridad social existente. Se señala como causa, ya abiertamente, la decisión de no pagar los sueldos de los trabajadores suspendidos a causa de la crisis, porque ello iba a debilitar las finanzas de la institución.

El tema IGSS-Estado tiene muchas facetas. Primero, la deuda estatal a la entidad tiene unos 70 años, desde su fundación, y alcanza 50 mil millones de quetzales. Sólo tributan los trabajadores y los patronos, no el Estado. De ninguna manera se trata de una institución ajena a la justificada crítica y a la corrupción, pero a causa de cambios en la manera de comprar medicinas no sobrevaluadas, siguiendo los protocolos de la Organización Panamericana de la Salud, en el período 2018-19 ahorró alrededor de 800 millones de quetzales, antes repartidos entre tradicionales financistas de campañas y negociantes de medicinas. No es el momento de hablar de las licitaciones de ciertas medicinas, con características sólo cumplidas por uno de los oferentes.

Un amigo me envió sus comentarios al respecto. Resumidos, expresa su temor a la imposibilidad del gobierno de cumplir los planes de salud, porque se perderán en burocracia y corrupción, y tampoco existe la infraestructura ni la capacidad y experiencia necesarias. El dinero debió trasladarse a bancos y cooperativas para la administración y distribución en el menor tiempo posible. El gobierno pide más paciencia y listados para repartir la ayuda, pero ello en la práctica significa aumentar el período de reparto, y eso afecta a quienes llenan calles citadinas y caminos con las banderas blancas del dolor por sentirse abandonados. En poco tiempo la situación económica se complicará más porque no habrá dinero circulando, a pesar de los regaños presidenciales.

Ya se vislumbra la gravedad de la situación por echarle mano a los fondos del IGSS. Todos conocemos a dependientes de las escasas jubilaciones, quienes se sienten protegidos por el IGSS por ser su única fuente de ingreso y por darles medicinas indispensables. Por aparte, la escasez de ingresos por menor recaudación a causa de la crisis, dificulta la solicitud de eliminarlos o reducirlos, en vez de dar una moratoria y agregarlos cuando haya tiempos buenos. Se debe echar mano a la obra pública —carreteras— para así dar trabajo a miles e inyectar los entes económicos, incluyendo el mayoritario sector informal. Se trata entonces de balancear, como piden todos, lo económico con lo social. Es una vieja idea: la aplicó Roosevelt durante la Gran Depresión.

No se deben abrir frentes innecesarios dentro de la población. Urge solucionar el problema de la falta de transporte urbano suficiente, pues causará aglomeraciones. Espaciar horarios es más efectivo y fácil de entender para los guatemaltecos, y esto se puede aplicar en comercio —mercados, por ejemplo. Ahora se necesita todo, menos debilitar a una institución relacionada con la salud. Obviamente, se deben hacer las investigaciones necesarias para descubrir y eliminar los malos manejos. Es importante, pero ahora hay otras las necesidades urgentes. Si el IGSS se vuelve víctima de pillaje, sufrirán o morirán muchos enfermos y pacientes, a causa de la debilidad del Estado para realizar su tarea de poner orden. En Guatemala, desbaratar el seguro social es trágico e inhumano.