El 26 de febrero, Carlos Narez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), adquirió un picop cuyo costo es de 170 mil quetzales, para su uso personal, como denunció el diputado Aldo Dávila. Conamigua ha tenido pésima ejecución presupuestaria y, la trampa está clara, como no puede gastar en beneficio de migrantes, compra un vehículo para que su evaluación cuantitativa (no cualitativa) salga un poco mejor. Queda claro que su gasto “puede ser legal”, pero eso no es derecho.

En plena emergencia sanitaria en Coatepeque, ciudad donde se informó ya la existencia de contagio, 16 personas fueron detenidas el domingo por estar disputando “la final de un campeonato de futbol” durante el toque de queda. A los Messi locales les viene del norte la pandemia, la emergencia y, por sobre todo, la ley.

Tres viceministros de Salud han pasado por el despacho en menos de cien días de gobierno y los tres han salido bajo sospecha de anomalías. El primero no se conoce con certeza si renunció o fue destituido, pero dejó mal sabor su paso en la Presidencia. Los dos últimos funcionarios fueron removidos y en combo se presentó denuncia al Ministerio Público para investigar corrupción. Si los viceministros fueron nombrados por pactos políticos, se muestra lo peligroso de quienes negociaron dichos puestos. Ahora bien, si el ministro fue libre para disponer de sus colaboradores, sin duda no hay buen ojo para armar el equipo, y esto sí preocupa, por lo que ahora vivimos. Fuera de este contexto, solo imaginar que alguien pueda robar o aprovecharse de manera personal en esta emergencia, cuando todo recurso es escaso frente al monstruo que se nos presenta, muestra una pérdida de calidad humana agravada al tratarse de médicos, pero evidencia total desapego al derecho porque al fin y al cabo no hay vínculo con él.

Quienes asistimos al Teatro Nacional aquel 25 de febrero de 1999 en que se presentó el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico podemos tener distintas vivencias, en particular siempre me quedaron tatuadas las palabras de Thomas Tomuschat: “Ninguna de las dos partes se sintieron vinculadas o limitadas por norma alguna de derecho”. De acá la explicación de lo salvaje, pero también una acertada delineación de nuestra forma de vida.

Releyendo en cuarentena La patria del criollo, encontramos un párrafo para compartir, en donde don Severo Martínez Peláez explica los motivos por los cuales no se cumplían las leyes: “…las leyes se desobedecían de mil maneras, y por lo tanto, querer entender la Colonia con base en las leyes coloniales es un propósito mal intencionado o francamente necio… un elevado porcentaje de desobediencias y deformaciones de las leyes reales eran llevadas a cabo con pleno conocimiento del Consejo de Indias y del rey, bien porque accedieran a ruegos y sobornos de personas interesadas, bien porque ciertas leyes convinieran a un lugar pero no a otro, y finalmente porque algunas leyes y disposiciones fueron emitidas con fines demagógicos destinadas a salvar el prestigio del “cristianismo monárquico” frente a espectadores y críticos”.

¿Qué podrán decir los historiadores de los siglos 20 y 21 de Guatemala? Con seguridad no algo muy distinto de lo comentado de tiempos coloniales, carecemos de vínculo hacia la ley, pero aún más hacia el derecho. Abusar de la ley o hacer caso omiso de ella para lograr una posición privilegiada es pan diario, y ahora en plena pandemia hay procuradores de falacias como que deben rechazarse las medidas de contención mundiales con base en la libertad de acción. Esto significa que debemos ser libres para contagiar. Así de absurdo el tema.