Un súbito y nuevo giro tuvo el sonado caso del amparo definitivo otorgado por la Corte de Constitucionalidad a la planilla perdedora de las elecciones del Comité Olímpico Guatemalteco, realizadas con la supervisión directa del Comité Olímpico Internacional, máxima autoridad del olimpismo mundial. Según un análisis jurídico hecho público por el comité nacional, no debieron haber sido aceptadas siquiera las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el tribunal electoral del deporte federado. La razón: cuando las elecciones son impugnadas por una entidad pública deberá indicarse de manera breve, concisa y precisa los datos relativos a su existencia o personería jurídica. Ese tribunal carece de ellas y tampoco tiene la representación del la Confederación Deportiva Autónoma, y por eso la CC está imposibilitada de actuar.

Este criterio agrega una complicación más a la decisión por mayoría de la CC, ya afectada porque el escándalo ha trascendido las fronteras y de insistir en su decisión, la mencionada corte sería la responsable legal y moralmente de dejar fuera de las competencias olímpicas a los deportistas guatemaltecos como representantes de su patria. Fue muy emotivo escuchar las emocionadas palabras de una de las jóvenes atletas reunidas al frente de esa institución político-jurídica, quien exigía su derecho de ir a las competencias en nombre de Guatemala. La importancia otorgada por la prensa independiente al caso se debe precisamente a la vergüenza de quedar fuera por razones de dictámenes caprichosos. La culpa será echada a la CC por una buena razón: sí será responsable.

Es justo señalar el voto razonado en contra del magistrado Roberto Molina Barreto, y al mismo tiempo la segura salida de otro de los cinco integrantes de la CC. En vista de ser un veredicto causante de daños invisibles pero muy claros al deporte de Guatemala, cuya cuota de fondos es el 5% del presupuesto nacional y 2.5% al olimpismo, el público guatemalteco tiene el derecho legal y moral de conocer cómo ha sido el manejo de esos fondos en este y otros años, tema aún no tocado en las discusiones, pero de evidente importancia para discutirlo. La visita a Guatemala de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, llama la atención porque su entidad se ha unido muchas veces a las decisiones del COI, y ello significaría la imposibilidad de participación en el campeonato sub-20 de futbol.

Cambios chapuceros

La comisión de reformas electorales del Congreso hizo público su plan de reforma a la Ley Electoral. Es un verdadero absurdo, producto de la improvisación y la ignorancia de su promotor, el inexperto diputado José Alberto Rivera, de Creo. Ya es conocido el detalle de no haber discutido el plan con su propia bancada y por eso fue aprobada por 12 de los 21 integrantes. Buscó una por una las firmas y no se dio cuenta de los enormes yerros de ese proyecto, de nulas posibilidades de pasar sin cambios, decididos por los diputados y por ello con toda seguridad quedarán solo las reformas cuyo efecto es beneficiar a quienes ya gozan de las prebendas de la legislación electoral vigente.

Ante el grave riesgo de ser dirigidas las elecciones con reglas peores a las actuales, el riesgo menor es mantener esos comicios regidos por la misma ley y dejar la discusión sobre los cambios, sin duda necesarios, para iniciarla en los primeros meses del 2024, poco después de la toma de posesión del nuevo gobierno. El atraso de la presentación de los cambios no es casual, sino está dirigido precisamente a cambios carentes de un plan y de un consenso entre los partidos en base a la participación de la sociedad civil en cualquiera de sus manifestaciones. El inexperto diputado no puede o no desea entender el hecho de estar desempeñando su papel de tonto útil para las pretensiones de los politiqueros pululantes en todos los “partidos” de Guatemala.