Esta semana entrega el cargo el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras Solórzano, quien fue nombrado por Otto Pérez Molina, en junio de 2015, para un período de seis años. Antes de ser nombrado a la presidencia del IGSS, se desempañaba como ministro de Trabajo en la administración de Pérez Molina y secretario ejecutivo del Partido Patriota. Sustituyó a Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado de Pérez Molina, quien días antes había sido capturado, junto con otras 16 personas, por el caso IGSS-Pisa. Incluso, luego de la renuncia de Roxana Baldetti, Pérez Molina incluyó el nombre de Contreras en la primera terna propuesta que envió al Congreso para designar a un nuevo vicepresidente que la sustituyera. Por los antecedentes, su cercanía con Pérez Molina, Baldetti y el Partido Patriota, es sorprendente que Contreras se haya mantenido en el cargo desde 2015 sin mayor aspaviento.

El nuevo presidente del IGSS será nombrado hoy por Alejandro Giammattei; se espera que sea un profesional probo y competente. Desafortunadamente, probidad y competencia no basta para las necesidades del sistema estatal de seguro social obligatorio. El IGSS cumplirá este año tres cuartos de siglo desde su fundación durante la presidencia de Juan José Arévalo y está atrapado en los paradigmas de 1946. Su visión es “Ser la institución de seguro social caracterizada… por la excelente calidad de sus prestaciones, la eficiencia y transparencia de gestión”. En la forma en que está estructurado y organizado el IGSS, es incapaz de cumplir con esa visión; por su carácter de monopolio estatal, naturaleza politizada y esclerosis burocrática. Un nuevo timonel que impulse la eficiencia y transparencia es positivo, pero sin cambios estructurales en el sistema, es poco probable que el IGSS pueda alcanzar el potencial, en cobertura y servicio, que debiera tener el seguro social obligatorio.

El presidente saliente, Contreras Solórzano, manifestó en declaraciones recientes que del portafolio de inversiones de Q42 mil millones del IGSS, 32% está invertido en títulos del Banguat, 36% en títulos del Ministerio de Finanzas y 32% en sistema bancario. Dice con orgullo que las reservas del seguro social “están financiando el desarrollo del país, el tipo de cambio, el gasto público [y] el desarrollo de empresas”. Traducción: está financiando la intervención monetaria del banco central, puro papel, y el gasto deficitario del gobierno. Viola el primer mandamiento de un portafolio de inversión; la diversificación. El solo hecho que 68% de las reservas del IGSS están invertidas en títulos de gobierno, es elocuente sobre la politización de la institución. El papel del IGSS no es financiar el déficit del gobierno ni la política monetaria del Banguat.

Por ley, empleados y empresas están obligados a pagar un porcentaje del salario por un seguro médico y aportar a un fondo de jubilación, a un monopolio estatal “autónomo”, el IGSS. Es incomprensible que el sistema no esté abierto a la potencia creativa de la competencia que le brindaría disciplina y rendición de cuentas. En lugar de una sola institución centralizada políticamente capturada, dar paso al surgimiento de variedad de empresas de seguros y servicios médicos que compitan por el favor de los trabajadores, que podrían elegir con quien contratar.

La desmonopolización del IGSS abriría inmensas posibilidades, aprovechando la descentralización de conocimientos y capacidades, sometiendo la calidad a la soberanía de la preferencia del consumidor, en este caso, los trabajadores.