Prensa Libre tituló el sábado 13: Actividad económica repunta a pesar del covid-19. Eso se debe a tres factores: 1) Los guatemaltecos somos personas trabajadoras. 2) Los empresarios guatemaltecos (de todo tamaño de empresa) somos entusiastas, responsables y trabajadores, y 3) La administración pública ha hecho un buen trabajo de manejo de la pandemia con balance (no cierre de toda la economía en los meses críticos). Sin embargo, aún hay mucho por hacer para que esa actividad económica no solo repunte, sino que crezca sosteniblemente. Guatemala tiene la oportunidad de hacerlo.

Guatemala tiene que trabajar en generar confianza. Hay indicadores internacionales que nos ponen mal en cumplimiento de contratos, en percepción de la corrupción y en un débil sistema de justicia. Hay que trabajar seriamente en el fortalecimiento institucional, en el marco jurídico, en inversión en tecnología y con el capital humano.

Podemos dar pasos firmes y seguros si trabajamos juntos el sector privado, las municipalidades, el Gobierno, el sector académico y otros, en un propósito: el desarrollo económico y social sostenible en el tiempo. Tenemos verdadera necesidad de atraer mucha inversión, tanto de guatemaltecos como de extranjeros.

El sector privado produce un poco más del 90% del producto interno bruto, por lo que es entendible que el sector empresarial sea un actor relevante en el desarrollo del país. Hay un capital humano en el que hay que desarrollar el talento. Hay esfuerzos que pasan por la tecnología y por la capacitación. El bono demográfico es grande y cada año es más. Debemos atenderlo.

La inversión pública, privada y alianzas público-privadas en infraestructura son clave. El modelo actual de inversión pública impide el desarrollo efectivo de la infraestructura. Es un modelo ineficiente y corrupto. A la vista están los resultados.

La inversión en infraestructura no solo contribuye a la recuperación económica en el corto plazo, sino, además, habilita la competitividad de los productos y de los servicios. Debemos caminar por rutas rápidas y prácticas orientadas a resultados. Hay que hacer los cambios en legislación y en ejecución.

Debemos trabajar mucho en la certeza jurídica, porque sin certeza jurídica no habrá inversión relevante de locales y no habrá atracción a la inversión extranjera. Para nadie es un secreto que el sistema de justicia ha sido politizado y que desafortunadamente no contamos con una justicia pronta y cumplida, entre otros problemas.

En las próximas semanas los ciudadanos debemos poner mucha atención al proceso y a la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que deben tomar posesión el 14 de abril. Los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Consejo Superior Universitario y el Colegio de Abogados y Notarios, deben elegir un magistrado titular y un magistrado duplente, cada uno. Son 10 en total. Los magistrados deben ser personas probas, con conocimiento, independientes, con criterio técnico e imparciales. En este proceso debemos rechazar cualquier intento o iniciativa que fomente entorpecer la renovación de la CC, y debemos rechazar la descalificación mediática y sin fundamento de organizaciones y activistas que no son afines a un candidato, principalmente por causa política (la semana pasada ya se dieron acciones de ese tipo).

Tener una CC que cumpla con sus funciones y que no politice la justicia es fundamental para el estado de Derecho y para el desarrollo del país. La actual CC pasará a la historia como la más politizada de todas.

Entusiastas grupos empresariales trabajan un proyecto liderado por McKinsey & Company, dicho esfuerzo tomará algunos años en implementarse, pero prepara una ruta para que se genere confianza, se invierta mucho más y se avance en certeza jurídica.