Para avanzar es necesario trabajar en la certeza jurídica e invertir en la educación, en el capital humano, en infraestructura y en otras áreas de oportunidad. El plan desarrollado por la firma McKinsey & Company durante 2020 y 2021 que el Gobierno actual ha dado a conocer como Guatemala No Se Detiene, que contempla crear 2.5 millones de empleos en 15 años además de un plan bien sustentado para que Guatemala pueda crecer, es una certera forma de avanzar sostenidamente.

Hay que potenciar lo que ya hacemos bien, apostar a negocios que generan mayor valor y empleo y dar un salto a la competitividad. Potenciando lo que ya hacemos bien podría incrementar las exportaciones 40% en los próximos 10 años en tan solo 20 productos que son siete sectores: agricultura, silvicultura y pesca: productos alimenticios, vestimenta, químicos, plásticos y caucho, equipos electrónicos y productos no metálicos. En vestimenta Guatemala podría convertirse en el corazón de la industria textil de Latinoamérica. También se puede desarrollar nuevos sectores para sofisticar su canasta exportadora y convertirse en el hub de productos para la salud, el nuevo polo de manufactura de aparatos electrónicos del área y el principal centro de servicios de BPO, ITO y desarrollo de software. Necesitamos implementar iniciativas concretas en tres áreas para que demos un salto en competitividad. Debemos fortalecer las competencias del capital humano, mejorar el clima de negocios y fortalecer la infraestructura.

Pero hay obstáculos que no nos permiten avanzar y es muy importante que cada ciudadano lo sepa y colabore para que esas acciones no se sigan dando. Las invasiones a propiedad privada, los bloqueos de carreteras, la corrupción, la falta de transparencia en algunas instituciones, la falta de aprobación de leyes en el Congreso que apoyen el desarrollo económico, los discursos populistas y confrontativos de algunos políticos y la intromisión en política nacional de algunos actores extranjeros son parte de lo que detiene el avance. Cuando hay pocos infringiendo la ley, pero que hacen mucho ruido, asustan al inversionista. La invasión a propiedad privada, que hay mucha en Guatemala, es uno de esos delitos que en los últimos 10 años han sido tan manipulados por personas que laboran en instituciones como el MP, el OJ y la PDH, que no permiten resolverlo y devolverle a su propietario su propiedad. ¿Quién, en su sano juicio, va a querer invertir y generar oportunidades de desarrollo económico local y de país si no hay certeza de uso de su propiedad? Otros tantos que infringen la ley y que queda impune la acción son la mayor parte de quienes bloquean carreteras y que de esa manera quitan a muchos la libertad de movilizarse y ganarse la vida. Lo peor de los dos delitos es que hay vocería de esos grupos donde estratégicamente comunican con mentiras las razones de dichas acciones. De lo anterior vemos que hay avances electorales de organizaciones como Codeca, que engañando al ciudadano logran apoyo ya que ofrecen energía, que roban, a mucho menor costo que el de las empresas distribuidoras. Ese robo lo capitalizan en votos a su partido político, el MLP.

La corrupción es otro factor que no nos permite avanzar. El dinero que se roban del erario público, quienes se lo roban, en lugar de invertirlo en programas de desarrollo de país, que van enmarcados hacia réditos económicos y apoyos importantes en los programas sociales, tampoco nos dejan avanzar. Hay que fortalecer la denuncia ciudadana y la vigilancia sobre las instituciones diseñadas para el control del uso de los fondos públicos. Los discursos políticos confrontativos y cargados de mentiras y populismo de actores políticos que quieren llegar a gobiernos locales o al gobierno central confunden al ciudadano y lo van poniendo en contra de quienes invierten y les llevan las oportunidades.