Los dos últimos amparos provisionales de esta Corte de Constitucionalidad tienen lenguaje confuso, embrollado, fastidioso, poco entendible, o sea en una monserga. Sospeché una mala intención torpemente oculta para esconder gatos encerrados. Son aire jurídico, invisible. Sólo el definitivo tiene efectos, aunque su interpretación legal sea absurda, cobarde, malintencionada o corrupta, porque “la constitución dice lo que la CC dice que dice”. Se pueden predecir sus decisiones simplemente al decidir cuál es la peor para el país aunque aparenten ser correctas. Pero se burló de todos al no responder la pegunta: si un juez penal puede suspender un partido político ya autorizado y dentro de un proceso electoral. Sin pensar en lo impensable, no se puede entender el trasfondo.

Abogados constitucionalistas han explicado hasta la saciedad por qué la CC no tiene facultad para apoyar el cierre de un partido por un juez penal. La respuesta fue de rechazo. Otros pidieron amparo, y lo dieron provisional. Pronto o tarde lo rechazarán y abrirán la puerta al cierre abusivo de persona jurídica, institución, propiedad privada, ONGs, fundaciones, instituciones educativas, etcétera. Ese lenguaje oscuro coincide con el de las dictaduras, y el uso malicioso y malintencionado del Derecho, lo convierte en una abstracción. Lo peor es la falacia de salirse por la tangente (zafarse, pues) al enviar a cortes de menor rango la interpretación para un posterior dictamen definitivo. El comunicado oficial a la ciudadanía es exitoso: no permite al ciudadano entender.

Esas evidencias no se buscan, como absurdamente hizo el MP. Están allí. Ahora, cualquier juez penal decidirá como le dé su gana. Uno o varios partidos serán eliminados, junto con las elecciones. El Congreso anulará la elección y nombrará un presidente interino. Giammattei no entregará la banda en persona (no es obligatorio) sino la dejará tirada en la acera del Congreso el 14 a las 14 y escapará al Parlacén para recuperar su impuno-inmunidad. Se convocará a elecciones, para cualquier fecha no menor a dos o tres meses y así “permitir a los partidos hacer asambleas” luego atrasadas por mañas y repetirá el estado de excepción, estilo Bukele. Nadie podrá protestar al estar restringida –en la práctica, eliminada— la libertad de emisión del pensamiento. No solo eso.

La amenaza a la propiedad privada será perenne e innegable. El Congreso y demás poderes del Estado afianzarán su papel lacayuno. Las organizaciones sociales, de cualquier tipo, también vivirán con temor y será un caos en la totalidad de las actividades. Se explica el empecinamiento de Consuelo Porras, no elegida sino escogida por Giammattei, y el súbito fin del silencio de Sandra Torres y de Manuel Conde, quienes disputan ser “electos”, por el Congreso. Las manifestaciones de cada vez más personas e instituciones, serán vistas como un cero a la izquierda, peligrosa por ser muy clara evidencia de una población con cada vez menos temor de exigir el respeto a los resultados electorales. Esto afecta hoy a Arévalo; mañana a cualquier otro aspirante a un puesto público.

Los magistrados ocupan miles de palabras oscuras para esconder qué quisieron decir. No toman en cuenta a su audiencia: todos los guatemaltecos adultos, no abogados expertos. La respuesta entendible era una sola de dos palabras: Sí o No, tal vez con una breve explicación. Si la dirigen a abogados, podría tener mil páginas. Vendrá un gobierno de facto, fuera de la ley pero —horror— con efectos jurídicos, convertido en una tropical monarquía absoluta donde todo funcionario o juez caerá en la categoría de “el Estado soy YO”. Las leyes constitucionales afectadas son la de habeas corpus (obligación de presentar inmediatamente a los capturados) y la de Libre emisión del Pensamiento. Serrano lo intentó de un manotazo. Ahora ha sido un proceso lento pero bien planificado.