El análisis de la grave situación nacional del momento, a solo 44 días del fin del giammatteiato, debe analizarse desde la óptica de considerarlo el efecto de un plan cuidadosamente preparado desde hace mucho. La meta era y sigue siendo la continuidad de un gobierno no necesitado de preocuparse por sus acciones y decisiones porque tiene el control de los poderes del Estado y de instituciones fundamentales para un proceso democrático. Ante esto, la conclusión es clara: todo gira alrededor de lo politiquero, del abuso, de la corrupción, y por ello denunciar y explicar las violaciones a todo aspecto legal resulta una pérdida de tiempo si se hace para lograr cambios, pero es útil para prever el futuro cercano, sin necesidad de ninguna misteriosa bola de cristal.

Son instrumentos útiles para dar una apariencia de legalidad, las acciones dirigidas a castigar a los díscolos, los desobedientes de la verdad oficial, o a quienes han abandonado alguna tácita —o no tanto— alianza para conseguir el fin primordial del continuismo a toda costa, para evitar seguros castigos legales de instituciones ya no controladas. Ese plan continúa paso a paso, cada uno más largo y sin ninguna intención de detenerse, a pesar de las críticas internas y externas, entre estas últimas algunas amenazas claras. Tampoco importa si el país resulta aislado internacionalmente, ni el rechazo poblacional, ya demostrado con expresiones insultantes multitudinarias y siendo vigilado por la totalidad de las instituciones mundiales, como la ONU, la OEA y la Unión Europea.

La razón de esta actitud, aunque ya sospechada por muchos, es el temor cerval causado por estar convencidos de su negro futuro en caso un gobierno distinto asuma la presidencia, aunque tenga limitado campo de acción al carecer de mayoría en el Congreso. Ejemplo, la inmunidad garantizada por el pronto ingreso al inútil Parlacén. El tiempo, inexorable, corre en su contra y eso explica las decisiones apresuradas para integrar la Corte Suprema, luego de cuatro años de atraso, la insistencia en eliminar el derecho de antejuicio a los magistrados del TSE por faltas administrativas (sobreprecio en compras, por ejemplo), como castigo a haberse salido del pacto inicial, no de dudas por malos manejos. La sugerencia de hacerlo ya decidida, lo comprueba.

Todo gobierno autoritario, dictatorial o en camino a convertirse en una dictadura, duerme tranquilo si hay un velo protector de ilegalidades. Este poco lapso previo es peligroso, por dos motivos: las fiestas de fin de año, dos semanas cuyo efecto —de hecho— desvía la atención. Los acontecimientos de las últimas semanas demuestran la capacidad de maniobra del oficialismo y de sus aliados. El envío de centenares de policías para evitar manifestaciones frente al Congreso también lo demuestra. Los criterios politiqueros preceden a todo lo demás y entonces son politiquero-económicos, politiquero-sociales, politiquero-electorales, basados en la pasividad y en el desinterés ciudadanos por exigir legítimos derechos aunque el constante abuso los afecte a todos.

Una prueba de cinismo politiquero no esconde, sino muestra abiertamente, las malas intenciones. Durante meses, el gobierno giammatteista y sus aliados politiqueros y de alguna parte del sector privado, lo ha mostrado claramente, con la ya inútil creencia de poder aferrarse a todo lo de facto, no de ley, ni siquiera considerada recomendación, mucho menos obligación. Y sin duda el mayor riesgo de todos es un desorden social, instigado o no, para crear desórdenes violentos utilizados pronto como motivo aplicar todo tipo de medidas legales, pero con el fin real de acallar y detener la acción ciudadana. Por ello, esta debe tener claro el efecto contraproducente de caer en la trampa de la violencia, ya sea real o derivada de problemas diversos para todos los sectores.