Desde hace muchísimos años, los plazos legales han sido utilizados como arma de venganza, especialmente dentro de las dictaduras ya declaradas o en proceso de formación. La idea es cobrar cuentas pendientes a adversarios políticos, calificados de enemigos, y a los funcionarios no dóciles, acusados de traidores. Por supuesto, también son incluidos los críticos del sistema, de las leyes, las personas en los puestos públicos y sus decisiones, o las relaciones familiares. Entre estos destacan académicos, ideólogos, analistas, pero sobre todo quienes utilizan los medios de comunicación para divulgar sus ideas. Es un derecho constitucional, ciertamente, pero ello importa poco a quienes ordenan el castigo por la vía legal a quienes son personajes incómodos.

En los casos del Estado contra Jose Rubén Zamora y del Estado contra la exjefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra, es evidente el manejo de esta frecuente práctica, no por muy utilizada menos inmoral. Zamora personifica al personaje incómodo para el gobierno. Fue ligado a proceso por el juez Fredy Orellana y encarcelado por petición de la fiscal Cinthia Monterroso, porque según ella existe peligro de fuga. Como parte de su decisión, otorgó plazo de tres meses para realizar las investigaciones a fin de establecer el asunto. La exfiscal Laparra, capturada el 23 de febrero, ya estuvo recluida en los cuarteles Mariscal Zavala y Matamoros. Su juicio está programado para el próximo 28 de noviembre, es decir, nueve meses después.

Zamora deberá esperar hasta mediados de noviembre. No es aventurado pensar en subterfugios legales a fin de atrasar 15 días la fecha, porque en esa forma de hecho todo se atrasa un mes, porque la totalidad del sistema de justicia entra en período de vacaciones. A la exfiscal, acusada de divulgación ilegal de documentos comprometedores y a causa de eso traidora, la venganza consiste en dejarla fuera de su hogar por ese tiempo. Tampoco se necesita ser malpensado para descubrir la intención de dejar al periodista incómodo fuera de su casa y su familia para la Navidad. No es hilar fino ni ver micos aparejados. Es una simple deducción a causa de la manera como funciona la mentalidad reinante en los más altos círculos de gobierno, demostrada muchas veces.

LEPP: presión aumenta

El manifiesto conjunto de trece entidades a cual más diversas para lograr cambios en la Ley Electoral comprueba la preocupación generalizada porque los próximos comicios solo legitimen yerros de las anteriores. Los cambios son urgentes, pero antes de sugerirlos se deben analizar sus consecuencias prácticas. Por ejemplo: la votación directa, no por planilla, para el Congreso. La multiplicidad demencial de pseudo-partidos con diz-que-líderes, aumentará el tiempo del conteo y aumentará el trabajo de los miles de voluntarios para trabajar en el proceso. Para reducir ese tiempo se deben reducir esas agrupaciones, todas electoreras, pero esto no ha sido tomado en cuenta.

La reducción de penas por infracciones a la ley es un chiste de mal gusto. Están en hasta 250 mil dólares (Q1.950 millones) y quedan en Q147 mil. En otras palabras, esa suma irrisoria es una mínima parte del costo de una campaña multimillonaria. La campaña anticipada es un concepto resbaloso. Toda acción de un político o politiquero es parte de una campaña a su favor. Lo mejor es decidir la última fecha de propaganda antes de las elecciones. Dejar en 24 mil el número fijo de afiliados me parece bien, con la condición de revisar los nombres. Evidentemente, estas son solo unas pocas líneas para señalar algunos de los porqués de la creciente preocupación nacional.