La conferencia de prensa del MP, el pasado viernes, no hay por dónde abordarla. No se puede negar una serie de firmas falsificadas, irregulares o de difuntos que seguramente ameritan una investigación más detallada, pero poco más. Sin embargo, el señalamiento de lavado de dinero cuando está determinado quién lo prestó, y el contrato visible, o la negación de la coincidencia de las actas electorales con lo publicado, cuando aquellas se verificaron por fiscales de partidos y otros ciudadanos, no es de recibo.

Vengo sosteniendo la tesis de que en el Congreso hay un grupo de mafiosos que opera políticamente desde la época del PP, el mismo que sostuvo al gobierno de Jimmy Morales y ahora al de Giammattei, con el objetivo de rentabilizar su posición política. La llegada en 2024 de un Ejecutivo diferente pone en peligro la monetización de la curul, porque las coimas, las plazas fantasma, las patentes y compras de medicamentos, el chantaje sindical, la construcción viciada de carreteras, y las rutas del narcotráfico protegidas por el gobierno —entre otras muchas— ya no serían fuentes de ingresos. Esa y no otra es la razón de toda esta crisis electoral, porque si suma la cantidad de dinero proveniente de esos sectores, además de otros como puertos, aeropuertos, oenegés, licencias de construcción, cocodes, etc., son miles de millones, gestionados por ciertos diputados y alcaldes. El presupuesto 2024 es un ejemplo de cómo se despachan esos bandidos.

La lucha no es banal, y no se pierde solamente el poder, sino la posibilidad de generar dinero fácil desde el cargo, lo que algunos han venido haciendo por años, y particularmente de forma exponencial desde que la UNE llegará en 2008, cómplices —cuando no autores— de todo este escenario. La Fiscalía General, el Ejecutivo y la anterior Corte Suprema de Justicia —esperemos de esta otra actuación— simplemente coadyuvaron al esfuerzo, teniendo en cuenta que ninguna de esas instituciones es permanente, como sí lo son, por ahora, los diputados del grupo Ali Babá.

El Ejecutivo si quería hacer algo —con minoría parlamentaria— debía plegarse, y así lo hicieron. La Fiscalía General, tres cuartos de lo mismo, y a la CSJ no le quedaba de otra que cantar en el mismo coro, porque de lo contrario eran sustituidos en un día de votación. La Corte de Constitucionalidad, a diferencia de los anteriores —si desea con reservas parciales— ha actuado en varias ocasiones y garantizado el proceso electoral, además de obligar a cambiar una CSJ apestada pero sostenida por el Congreso. Perdida esa palanca judicial, y en vista del poco tiempo que queda hasta enero próximo, esos operadores y sus secuaces, lanzan un órdago con para evitar lo inevitable, ya que todos los sectores han declarado que el proceso electoral está confirmado, las autoridades electas y el tiempo de caducidad de estos impresentables definido.

Las condenas internas e internacionales colocan el país al borde del precipicio. La aplicación de la carta democrática, u otro tipo de sanciones, afectarían muy seriamente el comercio, la industria y las finanzas y generarían efectos negativos en la certeza jurídica, la atracción de inversiones y la calificación riesgo-país, entre muchas cosas. El silencio de la mayoría de partidos políticos y liderazgos —excepción de Mulet— confirma la implicación nacional de muchos de ellos porque las mafias permean el poder local, donde alcaldes y consistorios hacen también su agosto.

como estamos, por somos como somos, y se volvió a votar una mayoría de mafiosos y narcotraficantes en el Congreso y en las alcaldías. Y ¿sabe quién los eligió? Sí, usted que reclama decencia.