La semana pasada, la Gremial de Transportistas de Chimaltenango bloqueó la ruta CA-1 en jurisdicción de El Tejar, Chimaltenango. Lo hicieron como protesta por las nuevas disposiciones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que comenzó a aplicar el “artículo 109 inciso C, de la Ley de Actualización Tributaria, decreto número 10-2012”, el cual rechazan.

¿Y qué dice este artículo? Que se prohíbe la importación y la inscripción en el Registro Fiscal de vehículos automotores terrestres nacionalizados que tengan más de 10 años de antigüedad y los vehículos con un cilindraje hasta de mil centímetros cúbicos que tengan más de 15 años de antigüedad. Y se prohíbe la importación de los que estén colisionados, chocados o con daños, que no permitan su circulación, a partir del séptimo año del modelo del año en curso; y, en ningún caso para los vehículos que hayan sido declarados como irreconstructibles (unrebuildable) en el país de donde se exporten.

Por más que considero que esta ley es mercantilista y tiene algún interés atrás de algún grupo de presión, estoy contra el bloqueo de la carretera que causó una interrupción de aproximadamente 10 horas a la gente que necesitaba pasar por ahí. Es correcto defender un punto de vista sobre una ley que parece injusta, pero jamás violando el derecho de otras personas. Y esta gremial violó el derecho de muchos ciudadanos afectando sus actividades.

Dicho lo anterior, me pregunto: ¿Cuál es la razón de impedir que en el país entren vehículos chocados baratos? ¿Cuál es la razón de poner una fecha límite en años a los vehículos que se importan por la vía terrestre? Y me pongo a pensar que precisamente la pobreza en Guatemala es causada a propósito por este mercantilismo absurdo que protege intereses de algunos grupos de presión. Grupos que han logrado pasar leyes que impiden a los más pobres tener la posibilidad de adquirir un vehículo de cuatro ruedas, barato, de modelos anteriores, chocado y reparado.

Esta ley atenta contra la libertad de cada persona a escoger lo que quiere, porque limita precisamente, en forma coercitiva, los vehículos que puede traer al país. Encima de todo, tienes que aguantar los criterios arbitrarios de los “vistas de aduanas”, debido a la discrecionalidad de interpretación que existe sobre el valor de las importaciones e impuestos.

En un país pobre, prohibir que los menos afortunados puedan tener acceso a un vehículo barato es de llorar. Más ahora con el tema de la pandemia, en la que se pide aislamiento y se quiere evitar el transporte colectivo. Por aparte, existe una economía importante alrededor de estos autos usados y chocados, son los que reparan y que constituyen una buena parte de la industria automotriz en el país con sus mecánicos, tapiceros, herreros, torneros y si seguimos vemos que también a los fabricantes de pinturas para carros, vendedores de toda clase de repuestos, vendedores de vehículos y una cadena larga de otros servicios que se necesitan para dejar en orden los papeles del carro y que pueda circular legalmente.

Ojalá tuviéramos cadenas largas de producción como la fabricación de automóviles. Pero con leyes como estas, que impiden su desarrollo, jamás lo lograremos. Es el Gobierno con sus leyes y favores mercantilistas quien impide el progreso del país. Nunca se sabe si entre estos mecánicos de vehículos usados y chocados, muy habilidosos, pueda salir más de alguno que funde una empresa y comience a fabricar vehículos guatemaltecos. Algo así como lo hizo Soichiro Honda, que comenzó arreglando camiones de desecho de la Segunda Guerra Mundial.