Tanto en Guatemala como en los países amigos muchas personas se preguntan por qué hay tan pocas personas honestas en el manejo de la cosa pública por medio de participar como presidentes, diputados, ministros, alcaldes y cualquier otro cargo burocrático. La burocracia ha pasado de ser el conjunto de los servidores públicos a significar con exclusividad la administración ineficiente y malintencionada de los recursos públicos. Es mala palabra o insulto calificar a alguien de burócrata y se ha perdido el significado de ser una persona encargada de manejar los requisitos para permitir a los ciudadanos cumplir y beneficiarse con las leyes. Esto lo causa un nuevo concepto: considerarlo como sinónimo de corrupto. Lo comprueba la realidad objetiva.

Es imposible lograr cambios en el manejo de un país sin sustituir a los burócratas de cualquier tipo y crear las condiciones para llegar a los puestos. En la actualidad, llevar a alguien a un puesto, ya sea electo o por nombramiento, no es el resultado de llenar requisitos y tener capacidades, sino depende de la voluntad arbitraria de funcionarios, sobre todo de alto nivel. Por eso las instituciones están dirigidas o tienen miembros sin la más mínima capacidad, ya sea hombres o mujeres. No se puede pensar siquiera en lograr cambios en el funcionamiento si tampoco los hay en dichos requisitos. Los pésimos resultados reflejan esta mezcla tan nefasta, con el agregado de la aceptación ciudadana a esta larga, dolorosa e increíble realidad nacional.

Es indispensable, urgente y fundamental lanzar a los impresentables, corruptos, incapaces y mezquinos por la borda de la nave llamada Guatemala: tal acción permitiría limpiar la mesa como mínima acción previa a llamar a personas honestas, en su sentido de decentes, decorosas, razonables, probas, rectas y sobre todo imposible de ser válidamente calificadas de corruptas; es decir, sobornables, perversas o viciosas. En la actualidad, quien sin tener estas lacras desea involucrarse en el manejo del Estado, pronto tiene una alternativa: involucrarse en el pillaje al convencerse de la impunidad, o mantener su nombre limpio y dedicarse a sus tareas fuera de la burocracia. Como grave resultado, solo ingresarán quienes carecen de buen nombre y están dispuestos al latrocinio.

Es muy complicado. Los acontecimientos relacionados con la integración de la Corte de Constitucionalidad desmotivan, porque la explicación de las acciones del candidato oficial demuestran un puro, duro y oscuro interés para apoderarse por cinco años de dicho ente jurídico, al ser reelecto en pocos meses. Preocupan los desafíos de quien viajó en helicóptero, organizó fiestas de campaña e insiste en ejercer el cargo, a pesar de las advertencias de países amigos, quienes ven con espanto un proceso de “chavización” venezolana, y la desaparición del estado de Derecho y del imperio de la ley, conceptos muy parecidos pero no sinónimos. También espanta la posible candidatura de una jueza parcial, quien levantó los brazos con júbilo al condenar a Ríos Montt.

La gran duda es cómo lograr esa limpieza de maleantes en la burocracia y cómo se decidirán los cambios legales en su contra. El derrumbe del aparato legal y político obliga a actuar de manera paralela, no contraria, a la ley. Urge un consenso, no un criterio unánime, para tomar decisiones valientes frente a la Historia, a fin de eliminar la actual realidad de burla al espíritu de cualquier ley, comenzado con la Carta Magna, y factores fundamentales como las condiciones y requisitos para integrar las cortes de Constitucionalidad y Suprema de Justicia. Solo con la mesa limpia llegarán los honestos para cambiar leyes contraproducentes, única manera de lograr los cambios necesarios.