El miércoles se disiparon las posibilidades de una negociación a través de la renuncia de Consuelo Porras, quien dijo con gesto altivo por un video oficial “Categóricamente, no renunciaré” porque por ley no puede revelar a nadie “detalles procesales” en referencia a la invitación a ir a la junta del lunes, algo sí legalmente posible. Pocos minutos después ante la prensa, Bernardo Arévalo con calma la calificó de “funcionaria sancionada internacionalmente por corrupción, y que ha apañado la persecución política”. En la práctica, guerra cuyas víctimas son la población y el país. En el Congreso hubo bloqueo para una sesión, a causa de la ausencia de los directivos pertenecientes a la UNE. Por eso los peores temores se hacen realidad: esa guerra será variada y de devastación por el grupo representado por la jefe del MP. Innegable y claro.

La decisión de Porras, inconveniente para los intereses nacionales a causa de sus acciones durante el régimen anterior, significará mucho tiempo perdido para el mandato popular en las urnas de lucha anticorrupción. Habrá enredos legales y güizachescos, y su objetivo será ahora mantenerlos por los dos años restantes, para impedir por ese tiempo cualquier acción del gobierno para castigar a los corruptos, sobre todo quienes evidentemente tienen conexión con sus cuestionadas y selectivas decisiones, ahora explicadas, sin motivo para pensar en un éxito porque por alguna razón extraña sí visitó a Giammattei, quien la declaró su amiga, en una expresión correspondida con halagos. Por eso no se entiende la necesidad de un amparo para mantenerla en el cargo.

La guerra se basará en el aprovechamiento absoluto de los errores de Arévalo en todo: palabras usadas, decisiones tomadas, personas escogidas y en la hábil presentación de argumentos legales como si la realidad objetiva de Guatemala sea ideal, derivar la responsabilidad a entes abstractos como el sistema jurídico, y la falta de veredictos legales para acciones cuyo afecto, al no ser inmediato, es inútil ante el daño causado, así como a cambios legales anteriores, como la inmovilidad del puesto de Fiscal General. Eso explica y afianza la posición de tácita violencia y el tono altanero de la señora Porras al saberse autoridad máxima no revisable, una soberana absoluta desobligada a dar cuentas a nadie por ninguna circunstancia, y así eliminar investigaciones.

Los defensores admiten la judicialización del caso; insisten en no serlo, pero necesitan repetirlo. Si ella usa la frase “el presidente intentó invitarme” a una reunión de gabinete y lo rechaza tampoco pasa nada porque no hay sanción al no señalarlo en forma específica ninguna ley. Admiten también el desaire, y justifican la aceptación de las citas de Jimmy Morales y Giammattei, porque ya eran presidentes, pero el actual lo anunció en campaña. Incluso admiten, por obvio, el daño causado a la población. Y por supuesto, la responsabilidad es de la prensa por publicar acerca de todo esto. Las falacias y olvidos de detalles abundan y por eso son efectivas. Estas serán las armas de la guerra sucia comenzada y los primeros soldados ya están en acción y con misiones.

Por su parte, Arévalo necesita corregir cualquier error o mal hábito en su lenguaje, pues será usado en su contra. Le cae al dedo pedir a Dios librarlo de las ocurrencias de sus amigos. Por su formación humanística considera a la corrección como factor de la ley, concepto rechazado por los legalistas, sobre todo los obcecados. Cualquier criterio contrario, aun equivocado, será respondido con insultos: torpe, abominable, producto de borrachos y traidores, etc, y por ello impublicable porque apoyan sin darse cuenta a la censura e ignoran el derecho de petición. Como la ley es mala, pero es la ley, se debe aplicar ciegamente. El ego de Porras está feliz. El país no avanzará y esa es la meta. Lo peor, afianza la duda popular en los criterios detrás de las leyes. Más desprestigio para el país.