Tal y como varias organizaciones desde diferentes sectores han recomendado, el Presidente de la República tiene la oportunidad de vetar el presupuesto aprobado por el Congreso de la República la semana pasada. En un comunicado publicado ayer por Fundesa, se comentaron importantes puntos en temas relacionados a salud e infraestructura, así como en temas relacionados a la misma posición macroeconómica del país.

El comunicado establece que desde la comisión técnica de salud de Fundesa se ha recomendado que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe generar criterios más específicos que transparenten las asignaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG), generando manuales sobre competencias para determinados aportes. El Presupuesto General 2024 aprobado por el Pleno del Congreso de la República deja asignaciones específicas a ONG, algunas de reciente creación, sin criterios sobre las competencias necesarias para los recursos que se les va a desembolsar, limitando la capacidad de fiscalización para lograr un adecuado desarrollo social con base en la planificación y seguimiento en la ejecución, que fomenten la eficiencia y la transparencia del gasto público. Esto solo genera mayor corrupción.

Dentro de las propuestas técnicas presentadas en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) por parte de Fundesa se ha recalcado la importante necesidad de eliminar la asignación a proyectos que no tengan estudios de preinversión, así como la urgencia de contar con contratos de pagos por indicadores, que ayuden a transparentar la calidad de la inversión. El presupuesto aprobado asigna fondos a proyectos específicos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con readecuaciones presupuestarias, por montos significativos, para financiar obras y proyectos que no estaban en los planes del Ministerio según el proyecto de presupuesto enviado originalmente por el Organismo Ejecutivo, por lo que el uso de tales recursos puede ser cuestionable y opaco.

Hay varios temas que se han expresado desde diferentes comunicados de Fundesa y otras organizaciones dentro de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, por ejemplo que el presupuesto aprobado, atenta contra la estabilidad macroeconómica, ya que no se reintegró el pago al Banco de Guatemala por sus deficiencias netas, razón por la cual el déficit fiscal sería cerca del 2% del PIB, esto es sumamente preocupante.

Adicionalmente, se dejó en riesgo al Estado de Guatemala de caer en una parálisis en la colocación o recolocación de deuda, ya que el Gobierno debe contar con la aprobación previa del Congreso de la República para emitir, negociar o colocar bonos del Tesoro, hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal vigente. Esto afecta negativamente la calificación de riesgo país, ya que no se podrían recolocar los bonos que vencen el próximo año por un monto cercano a los Q6,260.9 millones, según el propio Ministerio de Finanzas Públicas.

Sin lugar a duda, nuestro país tiene retos importantes en materia social y económica que deben continuar resolviéndose. El presupuesto aprobado pone en riesgo lo que ya se ha logrado en materia macroeconómica y de calificación de riesgo país, un elemento clave para la atracción de inversión extranjera directa. Esto, aunado a las falencias técnicas que fomentan mayor corrupción, debería ser una razón importante para que el Presidente pueda vetar el decreto 18-2023 del Presupuesto General 2024.