La palabra ‘apresurada’ califica a la nueva Corte Suprema de Justicia, electa por el Congreso en pocas horas, luego de casi cuatro años sin haber cumplido esa obligación, por atrasos evidentemente malintencionados. Tiene varias pruebas de fuego para demostrar si ya no responde a las órdenes del Ejecutivo, pero sobresale la de conocer y decidir, de inmediato para evitar más suspicacias, del retiro de antejuicio a la dupla ganadora de las anteriores elecciones y ya oficialmente confirmada por el Tribunal Supremo Electoral. ahora caído en desgracia ante el oficialismo pero no ante un grueso sector poblacional. Esa decisión es fundamental porque de la misma depende la normal entrega del giammageiato, programada para el 14 de enero, aunque en este momento dudosa en cuanto a quién recibirá y quién entregará el mando.

Esta duda, más los evidentes riesgos a la libertad de emisión del pensamiento, ahora considerada sedición y por ello ya comenzados, ha provocado más críticas internas y declaraciones de fuera de Guatemala. Destacan la Cámara de Comercio y el exconstituyente de 1984 Aquiles Faillace, porque no puede hacerse antejuicio a una dupla presidencial y personas electas, lo cual significa un vacío legal y beneficia a los acusados. En cuanto al TSE, toda persecución es personal, no de grupo y por ello tampoco procede con sus magistrados. La comisión pesquisidora es ilegal, no existe en lo jurídico y sólo puede decidir en período ordinario, no después del 30 de este mes. Esto también protege al vicepresidente. De seguir, será otro paso al mal guardado secreto de la próxima dictadura, aunque no sea necesariamente encabezada por Giammattei.

La complicación interna se incrementa. El fin de semana el señor Paulo de León circuló un video con sus cálculos de pérdidas de 14 mil millones, 4.9 de ellos en el sector informal con el efecto de 1.5% de reducción del PIB, a causa de los paros calificados por él de “octubre negro”. Las autoridades indígenas de Sololá y de Palín analizan reiniciar paros en carreteras. Algunos ciudadanos, sinceramente convencidos de la corrección de las acciones del gobierno y de Consuelo Porras, reprodujeron el apoyo a su liderazgo por el líder evangélico John Maxwell, del seminario Asuza y propietario de una empresa dedicada a promover esta actitud. Es importante señalarlo porque no todos los guatemaltecos rechazan las actividades planificadas y realizadas en el campo politiquero por el actual gobierno y sus principales colaboradores.

En el campo internacional los rechazos vienen de Estados Unidos y de la Comisión Interamericana de DDHH (nada nuevo) y de 28 exjefes de Estado de cualquier tendencia ideológica. Sobresale la opinión del exdiplomático estadounidense en Guatemala Steve MacFarland, para quien las recientes capturas ordenadas por el MP “deben entenderse como una toma de rehenes”, porque “sus objetivos son crear miedo, reforzar al pacto de corruptos y tener algo para canjear. Son mucho más que excesos en la aplicación de la ley”. Es durísima: rehén es alguien retenido contra su voluntad para obligar a un tercero a cumplir condiciones. Legalmente, es una obra de secuestradores, (Diccionario Panhispánico Jurídico). Cada día se afianzan aun más las críticas y rechazos foráneos, con el riesgo de sanciones para el país.

Algunos ciudadanos, insisto, están sinceramente convencidos de ser necesario un nuevo gobierno encabezado por alguien distinto. Uno de ellos me comentó su apoyo a Porras porque está haciendo lo debido, es valiente y muy católica. Otros utilizan redes sociales para señalar motivos de la ilegalidad de la fundación hace varios años del ahora partido oficial. Sin embargo, aunque rechacen la posibilidad de una dictadura y para ello utilicen su derecho constitucional de expresar opinión, es decir su pensamiento, en caso de no coincidir con el criterio oficialista se arriesgan a ir a la cárcel, como los 28 ciudadanos con órdenes de captura, acusados de sedición y capturados. Este panorama debe ser visto con claridad para entender por qué los faltantes 54 días para el 14 de enero son un lapso demasiado largo para más ilegalidades.