La Corte de Constitucionalidad ha impuesto enormes costos a la sociedad. El cierre de operaciones mineras, provocando pérdidas de miles de millones de quetzales, cuando podría haber dejado que la mina continuara operando mientras realizaban los procesos que ordenaba, como lo hizo, en otro caso jurídicamente igual, la hidroeléctrica Oxec. O procesos de trascendencia como el nombramiento del Dr. Conrado Reyes a la Fiscalía General, anulado por la CC en base a chismes; jamás se presentó evidencia alguna en su contra. Fue necesario repetir todo el proceso de comisión de postulación para que llegara al puesto Claudia Paz y Paz. Enorme costo. O la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelación, intervenida por la CC, tanto en el proceso de comisión de postulación como en el Congreso. Enorme costo; más que económico, a la credibilidad del sistema de justicia.

Es posible formular un argumento razonable, que un tribunal no debe tomar en cuenta los costos que imponen sus decisiones y únicamente debe seguir la letra de la ley, a cualquier costo. La interpretación y aplicación de la ley, por abstracta y general que pueda ser, no es una ciencia exacta. Hay amplia evidencia de que, en resoluciones trascendentes, la CC no alcanza a ver, o desestima los costos que impone, las consecuencias extendidas. La reflexión no es sobre el costo de emitir un determinado fallo, sino el daño que puede provocar a terceros la intención de proteger un supuesto derecho particular. Este es precisamente el uso y abuso que se ha hecho del amparo. Una metáfora para magistrados sería el juramento hipocrático del médico; primero, no hagas daño.

Los máximos órganos jurídicos en el país han perdido autoridad moral, elemento necesario del sistema de justicia en una república. Esto se debe, en parte, a su politización y la falta de certeza jurídica que provocan, y a los procesos que llevan a alcanzar las magistraturas. Estos procesos son una suerte de concurso en el que a diferentes organizaciones que representan grupos de interés se les otorga el poder para nominar o designar a personas poderosas, los magistrados. Con el tiempo es previsible que ocurriera lo que efectivamente sucedió: los grupos con poder para nominar o nombrar son capturados por intereses políticos y sectarios. Tal es el caso del Colegio de Abogados, que lejos de dedicarse a la superación de sus agremiados es un grupo de privilegio con recio poder político. El caso de la elección en ese seno del juez Moto como magistrado de la CC sería cómico si no fuera trágico y representativo de lo que produce el sistema.

La decadencia y falibilidad de los procesos que elevan a personas a las más altas posiciones de poder en el país se puso en evidencia, una vez más, con el reciente incidente del doctorado del nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En su evaluación de “méritos académicos”, las comisiones de postulación otorgan varios puntos a los candidatos que posean doctorado. La comisión no evalúa la calidad de la disertación, trabajo de investigación o publicaciones del supuesto doctor, sino solamente que alguna universidad certifique que le fue otorgado el título. Lo que importa es el papel, con firma, sello y auténtica; no la trayectoria. Ergo, algunas organizaciones con poder para otorgar el título serán capturadas y personas que quieren alcanzar las posiciones de poder obtendrán la credencial.

El caso del doctorado del presidente del TSE es emblemático; la preocupación es sobre el caso particular y no sobre el sistema que produce la serie de casos.